El organismo electoral presentó una denuncia para que se investiguen posibles delitos relacionados con la contratación de proveedores y el manejo de recursos públicos; la investigación ocurre tras la salida de la exconsejera presidenta.
Ciudad de México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen posibles irregularidades en contrataciones y el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó la presidencia del organismo.
La determinación fue anunciada la noche del viernes mediante un comunicado oficial, en el que el instituto informó que busca que las autoridades ministeriales investiguen posibles conductas constitutivas de delito y, en caso de encontrar elementos suficientes, determinen las responsabilidades correspondientes.
La denuncia se produce en medio de los cuestionamientos que surgieron el mes pasado por presuntas anomalías en la asignación de contratos millonarios a empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellos productos de papelería, tintas invisibles y marcas de agua.
Las investigaciones periodísticas también señalaron posibles relaciones entre antiguos colaboradores del instituto y empresarios beneficiados con contratos, situación que abrió cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés.
Uno de los episodios que incrementó la polémica fue la difusión de fotografías de reuniones y celebraciones privadas organizadas por un proveedor del INE, en las que apareció Guadalupe Taddei. Las imágenes alimentaron las dudas sobre la cercanía entre la entonces titular del organismo y empresarios vinculados con contrataciones institucionales.
Sheinbaum pide revisar contrataciones desde 1999
La controversia también llegó al ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la actuación de Taddei y consideró necesario revisar el manejo de los recursos públicos del organismo electoral.
La mandataria solicitó que se realice una auditoría de las contrataciones del INE desde 1999, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades y determinar si existieron responsabilidades durante las distintas administraciones.
Con la presentación de la denuncia ante la FGR, el caso avanza hacia una investigación ministerial que deberá establecer si las operaciones señaladas constituyeron delitos y quiénes podrían estar involucrados.
Por el momento, los señalamientos permanecen en el terreno de las presuntas irregularidades y corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para fincar responsabilidades.
Fuente: El Financiero
