Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- Veracruz fue incluido en un proyecto del Gobierno federal para construir cinco nuevos centros penitenciarios estatales en el país, por lo que la administración de Rocío Nahle García ya presentó tres propuestas de terreno para instalar uno de estos inmuebles en la zona de Medellín de Bravo.
La gobernadora informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le confirmó hace aproximadamente un mes que la entidad estaba considerada dentro de este programa, luego de las gestiones realizadas para ampliar la infraestructura penitenciaria.
Explicó que el Gobierno estatal ya contaba con un proyecto para construir un penal en Medellín, debido a la elevada población que actualmente se encuentra recluida en los centros penitenciarios de Veracruz.
“Pero aparte, habrá un penal estatal, yo ya trabajé con proyecto y con todo para que se hiciera uno acá en la zona de Medellín”, declaró.
Tras recibir la confirmación de que Veracruz estaba contemplado en el programa federal, las autoridades solicitaron tres opciones de terreno para determinar dónde podría desarrollarse la obra.
Nahle García señaló que las propuestas ya fueron enviadas y actualmente se mantienen las gestiones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a que solicitó que el Ejército se encargue de la construcción.
“Nos mandaron pedir tres opciones de terreno para que se analizaran, mandamos ya las opciones. Se está trabajando también con la Secretaría de la Defensa, porque ya había solicitado que construyera el penal el Ejército”.
La mandataria explicó que las Fuerzas Armadas cuentan con un área de construcción civil que podría asumir el desarrollo del inmueble, aunque todavía no se ha definido el terreno ni se ha anunciado una fecha para el inicio de los trabajos.
Por otra parte, señaló que el Gobierno federal mantiene negociaciones para resolver la situación del penal de Papantla, cuya construcción comenzó durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y actualmente presenta un avance de entre 90 y 95 por ciento.
Detalló que el inmueble fue desarrollado mediante un esquema de asociación público-privada que representaba elevados costos para el Gobierno federal, debido a que contemplaba el pago de una renta y cuotas relacionadas con la población penitenciaria.
“Es un penal federal donde a través de un privado se tenía que pagar renta, se tenía que pagar casi una cuota por cada preso”, explicó.
Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inició una negociación para modificar las condiciones del contrato, pero la empresa constructora promovió un amparo que derivó en un conflicto jurídico.
De acuerdo con la información que recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, actualmente se realizan nuevas negociaciones para resolver el litigio y permitir que el inmueble pase a manos de la Federación.
