La audiencia inicial en la que el ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, conocería la imputación que le formula la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de traición a la patria entró, esta mañana, en un receso y se retomará hasta las 21 horas de este martes 20 de octubre en el centro de justicia ubicado a un costado del penal de máxima seguridad del Altiplano.
A petición del Ministerio Público, el juez, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, decretó que cuando se retome la diligencia, esta se realice de manera privada, es decir que sólo tendrán acceso el acusado y las partes (defensa y Ministerio Público), pues se revelarán datos y hechos que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional.
Como imputado, César Jáuregui, pidió al juez que la audiencia se mantuviera pública, pues lo que se trataría en ella, sería de “suma relevancia para la justicia del país” y por ende la opinión pública tendría derecho a conocer el contenido de la diligencia.
“Sería fundamental que la opinión pública esté enterada del contenido de la diligencia, el debate que se dará es importante y más aún porque un asunto como este, no se ha dado en la historia reciente del país”, dijo Jáuregui al argumentar su petición de no cerrar el acceso a los medios de comunicación.
Cabe señalar que la acusación que le hace la FGR al ex fiscal de Chihuahua está relacionada con los hechos registrados a mediados de abril pasado, cuando se realizó un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, en esa entidad fronteriza, en la que participaron agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), de lo cual no se le dio aviso previo ni a las fuerzas federales mexicanas ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Jáuregui insistió en que muchos de los datos que se darían a conocer en la lectura del expediente en su contra, ya fueron hechos públicos en la diligencia que se realizó el fin de semana en Chihuahua, en la causa penal del fueron común que le iniciaron por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por haber permitido la participación de agentes de la CIA en un labores de seguridad.
Fuente: La Jornada
