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Colegio de Derecho de Veracruz respalda propuesta para construir dos penales en el estado

Jesús Utrilla / NV Noticias

La construcción de dos nuevos centros penitenciarios en Veracruz, uno en Medellín de Bravo y otro en Acayucan, contribuirá a reducir la saturación de los 16 Ceresos que operan en la entidad y permitirá que las personas privadas de la libertad sean recluidas en instalaciones más cercanas a los distritos judiciales donde enfrentan sus procesos, señaló Octavio Pozos Marín, del Colegio de Derecho de Veracruz.

Dijo que desde 2016 destacaron la necesidad de contar con un penal en el distrito judicial del puerto de Veracruz.

Ahora la propuesta fue retomada por la gobernadora Rocío Nahle García, luego de que durante cuatro administraciones estatales no se concretara una solución tras el cierre del antiguo penal Ignacio Allende.

Explicó que, desde la desaparición de ese centro penitenciario, las personas detenidas y quienes cumplen sentencias son distribuidas en los 16 Ceresos que existen en la entidad. Esta situación genera traslados a otros municipios, mayores gastos operativos y dificultades para que familiares y abogados den seguimiento a los procesos.

“Nosotros hemos insistido y desde la administración de la señora gobernadora le hemos comentado la importancia de que en el Distrito Judicial del Puerto de Veracruz exista un Cereso”.

Agregó que los nuevos penales permitirán mejorar la distribución de la población penitenciaria, fortalecer la seguridad y ofrecer mejores condiciones para la custodia, atención y reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El representante del colegio se refirió al anuncio realizado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sobre la aceptación de la propuesta para construir los dos penales, uno en Medellín de Bravo y otro en Acayucan.

“Esperamos que los gobiernos federal y estatal destinen a la brevedad los recursos presupuestales para iniciar las obras, particularmente por la necesidad de contar con un centro penitenciario en esta región”.

El antiguo penal Ignacio Allende cerró en 2016 y, desde entonces, las personas privadas de la libertad vinculadas con procesos judiciales de esta zona son trasladadas a otros centros penitenciarios del estado.

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