Alguien como tú
Gladys Pérez Maldonado
En México, miles de familias han tenido que aprender a buscar porque el Estado no encontró a tiempo. Han recorrido brechas, montes, terrenos baldíos y fosas clandestinas; han aprendido a distinguir restos humanos, a interpretar mapas y a seguir pistas que muchas veces las autoridades ignoraron. Y en buena parte de esos colectivos hay un rostro que se repite: el de las mujeres.
Madres, hermanas, esposas e hijas que comenzaron buscando a una persona y terminaron convirtiéndose, casi sin proponérselo, en defensoras de derechos humanos.
Buscar en México también puede significar ponerse en riesgo.
El 29 de agosto de 2026, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida y buscadora de personas desaparecidas en Sinaloa, sufrió un ataque armado en Culiacán cuando viajaba acompañada de su hija y sus nietas. De acuerdo con información publicada posteriormente, los agresores dispararon ocho veces contra el vehículo. Rojo resultó herida, al igual que su hija; sus nietas sobrevivieron sin lesiones. La Fiscalía de Sinaloa investiga los hechos como feminicidio en grado de tentativa y ha relacionado preliminarmente el ataque con su actividad como buscadora.
Alma Rosa busca a su hermano Miguel Ángel desde 2009. Diecisiete años buscando a una persona. Diecisiete años de incertidumbre. Y ahora también la violencia dirigida contra quien se atrevió a buscar.
El caso obliga a formular una pregunta incómoda, ¿quién protege a quienes buscan a nuestros desaparecidos?
La Constitución mexicana es clara. Su artículo 1º obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, la Ley General en Materia de Desaparición reconoce no solamente los derechos de las personas desaparecidas, sino también la participación de sus familiares en los procesos de búsqueda e investigación. La legislación dispone que deben recibir atención, asistencia y protección, y establece la obligación estatal de garantizar su intervención en las acciones de búsqueda.
La búsqueda, por tanto, no es una concesión que la autoridad permita a las familias. Es parte de un entramado de derechos y obligaciones jurídicas, aunado, existe otra cuestión fundamental, la obligación de buscar corresponde al Estado.
La legislación y los estándares sobre desaparición establecen que toda persona cuyo paradero sea desconocido tiene derecho a ser buscada por las autoridades y que sus familiares tienen derecho a que esa búsqueda se realice con debida diligencia.
Cuando una madre introduce una varilla en la tierra buscando restos humanos, cuando una hermana recorre kilómetros siguiendo una llamada anónima o cuando una esposa entra a territorios controlados por la delincuencia organizada buscando una fosa, algo ha fallado mucho antes.
No deberíamos romantizar esta realidad.
Las llamamos “madres buscadoras” y reconocemos su valentía. Marchan, organizan colectivos y encuentran aquello que durante años permaneció oculto. La propia CNDH ha reconocido cómo la movilización de estas mujeres ha conseguido visibilizar la crisis de desapariciones e incluso localizar sitios vinculados con posibles violaciones graves a derechos humanos.
Pero existe el riesgo de convertir su heroísmo en una cómoda explicación de la incapacidad institucional.
Ellas no deberían tener que ser heroínas. Deberían ser madres esperando que una fiscalía investigue, que una comisión de búsqueda encuentre, que los servicios forenses identifiquen y que un tribunal sancione, y, sobre todo, deberían poder hacerlo sin miedo a ser amenazadas, golpeadas o asesinadas.
México cuenta desde 2012 con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya responsabilidad es precisamente implementar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes enfrentan riesgos debido a su labor de defensa.
Las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos. No metafóricamente, sino jurídicamente.
Por eso protegerlas exige algo más que escoltas después de una amenaza. Requiere evaluaciones de riesgo oportunas, coordinación entre autoridades federales y estatales, investigación inmediata de agresiones, protección para sus familias y medidas diferenciadas con perspectiva de género.
Porque existe además una dimensión que no podemos ignorar, como que, muchas de estas mujeres sufren una violencia acumulativa. Primero enfrentan la desaparición de un ser querido; después, la indiferencia institucional, tan es así que las autoridades no las reciben, auque sea para escucharlas; luego emprenden ellas mismas la búsqueda y finalmente pueden convertirse en objetivo precisamente por buscar.
Cada agresión contra una persona buscadora transmite un mensaje a cientos de familias: buscar puede costarte la vida. Ningún Estado que se considere democrático puede permitir semejante mensaje.
México no necesita acostumbrarse a ver mujeres excavando fosas clandestinas. Necesita instituciones capaces de encontrarlas antes que ellas. Porque cuando una madre tiene que salir con una pala a buscar a su hijo, el Estado ya llegó tarde.
Cuando además esa mujer debe arriesgar su vida por hacerlo, el Estado no solamente llegó tarde: también falló en proteger a quien estaba haciendo el trabajo que nunca debió corresponderle…
