Edgard González Suárez
El 26 de septiembre pasado se cumplieron 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Oigo decir, que todo sigue igual y que no ha pasado nada. Una perspectiva sesgada y mal intencionada.
La matanza de los estudiantes de Ayotzinapa ha sido catalogada formalmente por la COVAJ como un crimen de Estado. Demostrando que hubo coordinación y complicidad entre el grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales, estatales, fuerzas federales y miembros del Ejército. Además, se acreditó que las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto fabricaron la llamada “verdad histórica” utilizando tortura para obtener confesiones falsas y desviar la investigación. Además de estos dos tópicos, lo cierto es que ha habido muchos avances en la investigación, pero el paradero de los jóvenes no es lo único que falta saber. Pero que avances se realizaron:
- Se ha reestablecido el dialogo entre el Gobierno Federal ahora encabezado por Claudia Sheinbaum con los familiares de los estudiantes normalistas.
- Se destruyó la llamada “verdad histórica” creada por el régimen que encabezaba el PRI y al frente de ese partido Enrique Peña Nieto.
- Hoy sabemos que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de estado coordinado por el gobierno federal, las fuerzas armadas, la policía federal y la policía municipal de Iguala y otros municipios aledaños del estado de Guerrero.
- Se encuentra detenido, en su modalidad domiciliaria, Murillo Karam, exprocurador y creador de la historieta falsa de que los estudiantes fueron quemados y llevados a un río, por un grupo de la delincuencia organizada.
- Se encuentra prófugo y radicado en Israel, Tomas Zeron de Lucío, jefe del CISEN y coordinador de los aparatos de seguridad que intervinieron en la masacre.
- Fue detenido, este año, el “Granito de oro”, jefe de la policía municipal de Iguala Guerrero.
- Fue detenido, hace apenas unas semanas, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero operador en el estado de Guerrero de todas las acciones en tierra dentro de su estado dirigidas a ocultar y distorsionar los hechos.
- Se realizaron las investigaciones sobre las comunicaciones telefónicas -que no se había permitido hasta entonces- y que se realizaron el 26 y 27 de septiembre de aquel año, y con ello se pudo establecer la mecánica y el operativo para perpetrar y ocultar la masacre.
- A principios de 2026 fue detenido Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito de Iguala y policía estatal en 2014, quien hizo uso del celular de uno de los estudiantes.
- En octubre de 2025, la FGR aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, dentro de una indagatoria sobre el posible uso de hornos crematorios para desaparecer a los estudiantes.
- En marzo de 2026 fueron localizadas bolsas con restos humanos fechados desde 2014,
- Se recuperaron los videos del Palacio de Justicia de Iguala después de que fueron ocultados e intentaron desparecer.
- Estos videos muestran que hubo decisiones políticas para ocultar hechos ocurridos aquella noche, decisiones que tenían como origen altos mandos militares, policiacos y políticos del estado de Guerrero y del Gobierno federal.
- Por esos videos fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, quien ha dado testimonio sobre instrucciones del gobierno estatal para destruir dichos videos.
- Se ganó un amparo a las fuerzas armadas que impedía que el ejercito entregara información de inteligencia procesada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “CRFI” y otras instancias militares.
- El capitán José Martínez Crespo y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, permanecen detenidos a pesar de los esfuerzos de la SEDENA por liberarlos.
Me parece que decir que no ha cambiado nada, que no hay avances, que el Gobierno Federal no ha hecho nada, es forzar al máximo las falacias, las mentiras y los encubrimientos de los involucrados en aquella noche fatídica.
¿Cuál es el paradero de los jóvenes? aún no lo sabemos, y es el mayor reto de las investigaciones judiciales y del Gobierno de la 4T.
No se han cumplimentado las extradiciones.
Faltan por obtener comunicaciones, informes y documentación realizada por la SEDENA. Y, sobre todo, saber, por qué y los nombres de quienes echaron andar la maquinaria represiva y de sus intentos por falsear la verdad.
