Por Gladys Pérez Maldonado
La maternidad subrogada vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. En los últimos días, los casos de Lady Gaga y Lena Dunham, quienes se convirtieron en madres mediante gestación subrogada, han reavivado un debate que va mucho más allá de las celebridades. Dunham hizo pública su experiencia el 16 de septiembre y narró en primera persona el embarazo y nacimiento de su hija; el tema provocó inmediatamente posiciones encontradas en redes sociales y medios internacionales.
La pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿el deseo de tener un hijo puede convertirse en un derecho sobre el cuerpo de otra mujer?
Es indispensable comenzar reconociendo algo, detrás de muchas decisiones de recurrir a la gestación subrogada existen historias dolorosas de infertilidad, enfermedades y pérdidas. Convertir esas experiencias en objeto de burla o condena sería profundamente injusto. Pero comprender el deseo de formar una familia no significa renunciar al análisis ético de los medios utilizados para conseguirlo.
Porque en la subrogación participan, al menos, tres derechos que pueden entrar en tensión, por un lado, el derecho reproductivo de quienes desean formar una familia, por otro, la autonomía y dignidad de la mujer gestante y, por encima de cualquier contrato, los derechos de la niña o niño que nacerá.
El problema se agudiza cuando aparece el dinero.
Cuando existen agencias, clínicas, intermediarios, contratos, honorarios y compensaciones, la reproducción humana entra inevitablemente en la lógica del mercado. Entonces surge una cuestión que no puede ocultarse bajo el discurso de la libertad individual, esto es, ¿qué tan libre es una decisión cuando una mujer acepta gestar porque necesita recursos económicos y la otra parte puede pagar por aquello que ella ofrece?
No puede afirmarse que toda gestación subrogada sea explotación. Existen mujeres adultas que deciden libremente participar y quienes defienden esta práctica sostienen que prohibirla también puede significar desconocer su autonomía. Ese argumento debe ser considerado. Pero la libertad contractual no elimina la desigualdad económica ni convierte automáticamente en equilibrada una relación entre quienes tienen distintas condiciones de poder.
En México el panorama continúa siendo fragmentado. La ausencia de una legislación federal integral provoca que las reglas cambien según la entidad federativa y que muchos conflictos terminen resolviéndose en tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que pronunciarse sobre filiación, contratos, derechos de las personas gestantes e interés superior de la niñez, confirmando que estamos frente a un fenómeno demasiado complejo para dejarlo únicamente en manos de acuerdos privados.
Un bebé no puede ser tratado como el resultado exigible de un contrato.
La discusión internacional también revela profundas diferencias culturales. Precisamente los recientes casos de celebridades han reabierto esa comparación entre quienes consideran la subrogación una expresión de autonomía reproductiva y quienes advierten riesgos de explotación económica del cuerpo femenino.
El verdadero debate, entonces, no debería ser si Lady Gaga o Lena Dunham merecen ser madres. Claro que su deseo de maternidad merece respeto. El debate es mucho más profundo, mas bien, qué límites debe tener el mercado cuando interviene en la reproducción humana.
Porque hay una diferencia sustancial entre ayudar a una persona a construir una familia y crear una industria donde la capacidad reproductiva de mujeres con menos recursos pueda convertirse en un servicio disponible para quienes tienen mayor poder adquisitivo.
No basta con hablar de consentimiento. Hay que preguntarse quién negocia, quién fija las condiciones, quién recibe la mayor parte del beneficio económico, qué atención médica tendrá la gestante, qué sucede si aparecen complicaciones durante el embarazo, quién decide sobre una interrupción, qué ocurre si el bebé nace con alguna discapacidad y qué garantías existirán después del parto.
Necesitamos una legislación nacional que coloque en el centro la dignidad humana, prohíba intermediaciones abusivas, asegure consentimiento verdaderamente libre e informado, garantice atención médica integral a la persona gestante y proteja de forma absoluta el derecho a la identidad y el interés superior de la infancia.
La tecnología reproductiva ha avanzado mucho más rápido que nuestras leyes. Y mientras discutimos si debemos llamarla gestación subrogada, gestación por sustitución o vientre de alquiler, una realidad permanece intacta, en este momento que usted lee, hay cuerpos de mujeres gestando, hay dinero circulando y hay seres humanos naciendo de esos acuerdos.
La postura de Alguien como tú es clara: el deseo de ser madre o padre, por legítimo y profundo que sea, no puede justificar que el cuerpo de otra persona se convierta en mercancía ni que un niño sea tratado como el cumplimiento de una obligación contractual. La ciencia puede hacer posible una maternidad; corresponde al Derecho impedir que esa posibilidad termine convertida en una industria de cuerpos y vidas humanas…
