Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El estudio, denominado Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 y sostiene que los asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento digital y estigmatización deben analizarse como parte de un patrón de persecución.
La investigación fue concebida originalmente como una posible presentación ante la Fiscalía de la CPI y como un caso para probar cómo el tribunal puede abordar delitos internacionales cometidos o facilitados mediante herramientas digitales.
Berkeley documenta 337 asesinatos durante el sexenio
El HRC identificó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante el periodo estudiado: 78 periodistas y 259 defensores. El centro sostiene que los homicidios representan la parte más visible de un conjunto más amplio de agresiones contra personas que investigaban delincuencia, corrupción y abusos de poder.
La investigación también calcula que la impunidad de los delitos contra este grupo se mantuvo entre aproximadamente 93% y 99% durante el periodo analizado.
Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, describió los hallazgos como una “campaña sostenida” contra quienes ejercían labores de vigilancia cívica. En el reporte, afirmó: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.
Espionaje, mañaneras y campañas digitales
Otro eje de la investigación es la vigilancia electrónica. Berkeley señala que su análisis forense encontró evidencia del uso de Pegasus durante la administración de López Obrador y rastreó la adquisición y operación de herramientas de espionaje hasta estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El estudio también documenta el uso de otras tecnologías, entre ellas Geomatrix, además de investigaciones sobre extracción de información de dispositivos electrónicos. Parte de la evidencia procede de documentos de Sedena obtenidos tras la filtración de aproximadamente seis terabytes de correos y archivos internos conocida como Guacamaya Leaks.
Berkeley examinó además las conferencias matutinas del expresidente y las campañas de hostigamiento que, según su investigación, siguieron a señalamientos públicos contra periodistas y defensores.
¿Por qué la investigación no llegó a la CPI?
El proyecto tenía inicialmente como destino la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Berkeley explicó que las sanciones estadounidenses contra el tribunal cerraron la vía legal que el equipo contemplaba para presentar el expediente, por lo que la investigación terminó convirtiéndose en una plataforma pública con información sobre víctimas, casos y evidencias.
La referencia corresponde a la orden ejecutiva 14203, firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2025, mediante la cual Estados Unidos estableció sanciones relacionadas con la CPI.
El HRC señaló que mantiene fuera del repositorio público parte de la evidencia más sensible.
La nueva política de la CPI sobre delitos cibernéticos
El argumento jurídico de Berkeley adquiere relevancia por un cambio reciente en la propia Fiscalía de la CPI. En diciembre de 2025, el tribunal publicó su Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos, que establece cómo pueden investigarse delitos del Estatuto de Roma cuando intervienen tecnologías digitales.
Fuente: Infobae
