La presidenta Claudia Sheinbaum hizo llegar hoy a la Comisión Permanente la reforma constitucional para establecer de manera expresa el requisito a quienes aspiren al cargo de titular del ejecutivo federal, de gobiernos estatales y de la Ciudad de México de no contar ni adquirir una nacionalidad extranjera, con el objetivo de que “el interés de México esté por encima de cualquier otro”.
¿En qué consiste la reforma para impedir doble nacionalidad a presidentes y gobernadores?
Quienes aspiren a la presidencia de la república o a encabezar gobiernos estatales y cuenten con la doble nacionalidad deberán renunciar a la que les haya conferido un gobierno extranjero, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral.
Esa renuncia no se ceñirá únicamente a una declaración ante las autoridades mexicanas. Se establece en la iniciativa que la legislación secundaria asegurará que la renuncia comprenda también las actuaciones necesarias frente al Estado extranjero que le concedió otra nacionalidad, de forma que exista certeza sobre la exclusividad del vínculo jurídico, exigido para ejercer el cargo.
En la exposición de motivos se precisa que esa disposición no significa poner en duda la identidad, patriotismo o compromiso con México de las personas que poseen dos o más nacionalidades, “en atención a la realidad de quienes, por razones familiares, migratorias o personales, mantienen vínculos con otro país,
La doble nacionalidad , se recalca, “es una realidad legítima reconocida por nuestro marco constitucional. Sin embargo, la cuestión es distinta cuando una persona decide aspirar, encabezar el poder ejecutivo, ya que asume una responsabilidad directamente vinculada con la soberanía nacional”.
Se detalla que la titularidad del poder ejecutivo no constituye un cargo público ordinario, toda vez que la presidenta o presidente de la República representa la unidad del Estado mexicano y ejerce atribuciones directamente relacionadas con la conducción política de la nación, la seguridad nacional, las relaciones internacionales y el funcionamiento de la administración pública federal.
Fuente: La Jornada
