El gobierno federal se comprometió a intensificar las gestiones ante autoridades extranjeras para concretar las extradiciones pendientes de personajes vinculados al caso de Ayotzinapa, como la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala, Guerrero, en 2014.
También se fortalecerán las tareas de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, se agotarán todas las líneas de investigación y se agilizará el análisis de la información, informó la Secretaría de Gobernación al dar cuenta de la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los familiares de los estudiantes.
Previo al encuentro, la mandataria destacó que se presentarían a los padres los avances en el caso, a partir de nuevas líneas de investigación y detenciones, como la del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
En su conferencia matutina, Sheinbaum dio a conocer que el miércoles pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “y espero que la fiscal (general de la República, Ernestina Godoy) esté de acuerdo”, que se informe públicamente sobre esas pesquisas antes del 26 de septiembre.
Subrayó que es muy relevante el adelanto que se tiene y ratificó su compromiso de “alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”.
Por la noche, la Secretaría de Gobernación informó que se presentaron a los familiares de los estudiantes las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes, incluidas las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer las pesquisas. No mencionó el número de aprehendidos.
Destacó que estos trabajos han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Voceros de Gobernación dijeron que en el encuentro –donde estuvo Rosa Icela Rodríguez– los padres consideraron relevante la detención de Ángel Aguirre, exigieron que no lo liberen y que se investigue su posible responsabilidad tanto por la desaparición de videos como por las omisiones de las autoridades estatales durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando se registraron las agresiones contra los muchachos.
Un grupo de ellos, que se había identificado con Felipe de la Cruz, quien se había desempeñado como vocero del movimiento, se deslindó de sus declaraciones en favor del ex gobernador y manifestó que ya no contarían con su acompañamiento.
Una postura similar expresaron sobre Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, porque estimaron que ha actuado de manera individual y sin representar los intereses del conjunto de las familias.
Una parte de los padres reclamó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no haber realizado acciones frente a la resolución judicial que permitió la liberación de 65 personas, entre las cuales podían encontrarse responsables de la desaparición de los 45 jóvenes, según portavoces de Gobernación.
Los padres destacaron que la movilización con motivo del 12 aniversario de los hechos será pacífica, y solicitaron el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México para llevarla a cabo como cada año.
Por lo demás, recibieron positivamente el reporte de las investigaciones presentado.
Fuente: La Jornada
