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Nuevas reglas antilavado pondrán mayor presión al sector inmobiliario a partir de noviembre


Jesús Utrilla / NV Noticias


El sector inmobiliario deberá elevar sus controles y procesos de identificación de clientes ante la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, advirtió el experto inmobiliario Pedro Fernández Martínez.


Las nuevas disposiciones, publicadas el pasado 7 de agosto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representan un cambio importante para quienes participan en operaciones inmobiliarias, al establecer mayores controles para conocer a los clientes, identificar el origen de los recursos y detectar posibles operaciones de riesgo.


Fernández Martínez señaló que el sector debe comenzar desde ahora a prepararse, pues las nuevas disposiciones no solamente involucran a grandes desarrolladores, sino también a quienes participan profesionalmente en la intermediación y comercialización de bienes inmuebles.


“Los inmobiliarios tenemos que estar mucho más atentos a quién es nuestro cliente, de dónde vienen los recursos y quién está realmente detrás de una operación”.


De acuerdo con las nuevas reglas, los sujetos obligados deberán fortalecer sus procesos de identificación y conocimiento del cliente, además de contar con información relacionada con el beneficiario controlador cuando corresponda. También deberán establecer mecanismos para identificar operaciones que se aparten del perfil transaccional de sus clientes.


El especialista consideró que uno de los principales retos para el sector será pasar de una práctica basada principalmente en la documentación de la compraventa a una mayor cultura de prevención.


“Ya no se trata únicamente de vender una propiedad y llevar la operación al notario. El asesor inmobiliario también tiene una responsabilidad en materia de prevención y debe tener debidamente integrado su expediente”, señaló.


La legislación federal contempla como actividades vulnerables diversas operaciones relacionadas con bienes inmuebles, mientras que el SAT establece umbrales específicos para identificación y presentación de avisos ante la autoridad. (⁠SPPLD)


Fernández Martínez destacó que esto obligará a las inmobiliarias y profesionales del ramo a revisar sus procedimientos internos, capacitar a su personal y evitar aceptar operaciones sin contar con información suficiente sobre las personas que participan y los recursos utilizados.


El cambio también representa un desafío para las operaciones de alto valor, particularmente aquellas en las que intervienen empresas, fideicomisos o estructuras corporativas, debido a la necesidad de determinar quién es el beneficiario controlador y mantener la información que permita acreditar la identidad de quienes realmente están detrás de una operación.


Las nuevas reglas entrarán en vigor de manera general el 30 de noviembre, aunque algunas de las obligaciones tendrán una aplicación gradual. Por ejemplo, las disposiciones relacionadas con el enfoque basado en riesgos y el Manual de Políticas Internas serán exigibles a partir del 1 de marzo de 2027, mientras que los mecanismos automatizados tendrán un plazo posterior.


El experto inmobiliario consideró que el sector debe aprovechar estos meses para actualizar contratos, expedientes, procesos de identificación y capacitación, antes de que las nuevas exigencias comiencen a aplicarse.


“Más que verlo como una carga, tenemos que verlo como una forma de darle mayor certeza y seguridad al mercado inmobiliario”.


Fernández Martínez señaló que el cumplimiento de estas disposiciones también puede contribuir a generar mayor confianza entre compradores y vendedores, al reducir el riesgo de que el sector inmobiliario sea utilizado para introducir recursos de procedencia ilícita.


El llamado, dijo, es para que los profesionales inmobiliarios no esperen hasta noviembre para comenzar a prepararse, pues aunque parte de las obligaciones tendrá una entrada gradual, los cambios representan una transformación importante en la manera en que deberán documentarse y supervisarse las operaciones.

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