Apenas en marzo de 2026, ocho meses después encontrarse en el ojo público por el megadecomiso de decenas de carrotanques con huachicol en Coahuila, Ingemar, S.A. de C.V., empresa ligada al panista Ernesto Ruffo, pidió a la Secretaría de Economía nombrar a Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva de dicha firma.
La joven de 37 años, quien ingresó a la empresa con un cargo administrativo de nivel medio hace apenas dos años, quedó registrada como nueva apoderada legal, y la Fiscalía General de la República (FGR)ya investiga dicha modificación realizada bajo la modalidad Inscripción vía web inmediata ante el Registro Público de Comercio, como el móvil para poner a un “chivo expiatorio” a cargo de Ingemar, con lo que los socios Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro (ambos detenidos) y el fundador José Merino Valdés Cuervo, prófugo de la justicia, buscarían evadir la ley.
De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, el otorgamiento de dicho poder quedó formalizado ante Notario Público el 6 de marzo de 2026, mediante el oficio con folio mercantil electrónico N-2018080257.
Con ello, la mujer quedó como apoderada legal de Ingemar, teniendo entre sus facultades “otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados y celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la sociedad mandante, así como para abrir y aperturar todo tipo de cuentas bancarias, para otorgar, firmar, emitir, aceptar y librar títulos de crédito, tales como cheques, letras de cambio, pagarés y demás de esa naturaleza”.
En el documento también se señala que la apoderada es ahora la representante de Ingemar ante toda clase de autoridades: “Ya sean civiles, fiscales, judiciales, administrativas, penales, militares, juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, ya sean federales o locales”.
Asimismo, será la representante de esa empresa ante particulares y otro tipo de autoridades: “Ante la Fiscalía General de la República, sus órganos o unidades administrativas especializadas de investigación, mediación y conciliación entre otras, así como las fiscalías generales de los estados en donde se ejercite este mandato, sus órganos o unidades administrativas especializadas de investigación”.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en un caso de ilegalidad el apoderado legal se coloca en el centro de la investigación, ya que es la persona física que actúa, firma y toma decisiones en nombre de la empresa.
Al ser quien rubrica los contratos, maneja las cuentas bancarias y tiene acceso a todas las operaciones de la empresa, Guadalupe Hernández Hinojosa sería, ante la FGR, el autor material en caso de que los documentos que firmó resulten ser fraudulentos o ilegales.
De acuerdo con los expertos, el acto de que empresas fraudulentas otorguen poderes amplios a empleados de rango bajo o medio para proteger a los verdaderos dueños es una práctica común.
“Son malas prácticas que se hacen y con las que buscan deslindar responsabilidades, principalmente cuando ven que el agua les está llegando hasta el cuello. Tampoco es una buena señal que hayan hecho este cambio en los últimos meses, porque justo se interpreta como la implementación de esta mala práctica”, puntualizó en entrevista el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Ojesto Manzur.
El experto detalló que aunque el apoderado pueda haber sido engañado penal y fiscalmente, sí enfrentaría las consecuencias debido a que firmó de manera voluntaria ante un notario público; sin embargo, puntualizó que lo anterior deberá ser determinado por las autoridades a través de una investigación exhaustiva.
“Todas las personas involucradas tienen que ser investigadas, exdirectores, socios, todos. Aun si a esta persona le dieron todo el poder posible, la autoridad tendrá que ver cuál fue su responsabilidad en ello. Lo que creo que se debe hacer es una investigación minuciosa e integral sobre todos los momentos que ha habido durante los últimos años de la empresa para encontrar a los verdaderos responsables”, expresó.
Al recibir el nuevo encargo, Guadalupe Hernández Hinojosa declaró ante el gobierno federal ser mexicana, originaria del estado de Hidalgo, lugar donde nació el día 9 de agosto de 1988.
Fuente: El Universal
