La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México inició el lunes cuatro acciones legales y diplomáticas en respuesta a los fallecimientos de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, entre ellas una denuncia ante el Departamento de Justicia estadunidense y una comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
De acuerdo con una nota informativa difundida este martes, las acciones se enmarcan en las medidas anunciadas la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La primera consiste en una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se presentará en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y cuya entrega se realizará por conducto de la embajada de México en ese país. La segunda contempla la presentación de denuncias ante fiscalías estatales competentes, también a través de la embajada y de la red consular mexicana.
Como tercera acción, la cancillería inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido connacionales. El primero de estos documentos, suscrito por el consultor jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han muerto cuatro connacionales.
Según la dependencia, el objetivo de estos escritos es que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”. La SRE precisó que estos escritos “constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles”.
La cuarta acción fue una comunicación del canciller a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que le informó sobre las defunciones de mexicanos bajo custodia de ICE y le solicitó que su oficina recabe información de las autoridades estadunidenses, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule recomendaciones y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
Fuente: La Jornada
