Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) flexibilizó la reserva por cinco años sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, aunque, “por su naturaleza”, la medida no aplica para las notas diplomáticas de los expedientes judiciales.
En el primero de tres oficios divulgados ayer por la SRE se revela que Estados Unidos solicitó a México mantener en confidencialidad la información sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses. Sin embargo, un día después, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y los nombres de los señalados, según un oficio fechado el 30 de abril.
En esa misma fecha, la dependencia reclamó a la embajada estadunidense que esa difusión impedía a México “llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada” y advirtió que vulneraba el debido proceso de los acusados.
El martes, a partir de una solicitud de acceso a la información, se conoció que la cancillería había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones relacionadas con el caso. Esa reserva, confirmada el 23 de junio por el Comité de Transparencia, permanece vigente; lo transparentado ayer corresponde a documentos cuya naturaleza permite su difusión. La cancillería aclaró en redes sociales que la información fue divulgada por instrucción de la Presidenta.
El oficio, dirigido a un funcionario de la embajada estadunidense, cuyo nombre y cargo aparecen testados, expresa la “preocupación” de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por la revelación de los cargos y los nombres de los señalados por la fiscalía neoyorquina.
La SRE argumentó que esa información es “sensible en materia de procuración de justicia” y que hacerla pública “vulneraría” el debido proceso de los acusados.
Fuente: La Jornada
