Taxistas exigen frenar operación de Uber e InDrive mientras no cambie la ley en Veracruz

Sam Ojeda / NV Noticias

Xalapa.- La eventual autorización para que plataformas como Uber e InDrive operen con vehículos particulares en Veracruz provocó el rechazo del gremio taxista, que advirtió que la legislación estatal vigente impide la prestación de ese servicio y que cualquier cambio deberá estar respaldado por una reforma legal.

La postura surge después de que la gobernadora Rocío Nahle García confirmó que mantiene diálogo con conductores de aplicaciones de transporte y dejó abierta la posibilidad de que puedan operar en la entidad, al señalar que “hay espacio para todos”, siempre que exista orden.

El presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, Pedro Fernández Fernández, sostuvo que mientras no se modifique el marco normativo, los operadores de plataformas con unidades particulares realizan una actividad que, afirmó, no está permitida.

“Hasta el momento la Ley 589, el reglamento y el Código Penal prohíben que se dé este servicio.”

Señaló que la discusión sobre la regularización del transporte público no debe limitarse a otros aspectos del sector, sino incluir la operación de las aplicaciones, las cuales, dijo, representan una competencia desleal para los concesionarios.

“Quedan en el escritorio varias cosas porque hablando de la regularización del transporte es importante que se preste atención al trabajo desleal que se está haciendo por medio de las plataformas de servicio público con unidades particulares.”

Fernández Fernández reconoció que el tema también involucra disposiciones federales; sin embargo, aseguró que hasta el momento las mesas de trabajo no han derivado en modificaciones que permitan legalmente ese esquema de transporte en Veracruz.

“Es cierto que es una decisión de la federación, pero hasta este momento en las mesas de trabajo no se ha aterrizado y hasta este momento a nosotros nos asiste la razón y el derecho porque es un trabajo desleal.”

El dirigente insistió en que cualquier proceso de regularización del transporte deberá considerar este punto antes de permitir la operación de plataformas de transporte de pasajeros con vehículos particulares.