Edgard González Suárez
Hay una gran motivación política tanto para Morena como para la oposición para iniciar juicios políticos en contra de la Gobernadora de Chihuahua Maru Campos, de Acción Nacional y en contra de Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia, de Morena.
El escenario vuelve a ser político revestido de jurídico, y a depender de la coyuntura, fuerza y determinación tanto de Morena como de la oposición conservadora para salir airosos de este rejuego legislativo.
Morena inició una acusación política en contra de la Gobernadora de Chihuahua por permitir que agentes de la CIA operen en México violando la ley y los acuerdos de cooperación y colaboración entre México y los estados unidos. En respuesta, el gobierno norteamericano, acuso desde la corte de Nueva York a 10 funcionarios sinaloenses como presuntos colaboradores del cártel de Sinaloa.
El choque no solo parece que no va a ceder, sino que probablemente se haya iniciado con el objetivo político de fisurar o debilitar al Gobierno Federal para enfrentar con mucha vigilancia y presión exterior tanto la negociación del TMEC como el próximo proceso electoral.
Entonces motivaciones existen en ambos bandos, pero la sentencia de juicio político exige muchas negociaciones, mayorías calificadas y cálculos políticos acerca de los costos-beneficios. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 5º al 17, exigen primero una denuncia formal, presentada por escrito y dirigida a la cámara de diputados; segundo, la recepción llana del oficio, pero conformar una comisión revisora y dictaminadora, es decir, la comisión de procedencia, y llegado el caso, presentarla petición de desafuero y juicio político por mayoría calificada, y tercero, al ser los acusados gobernadores, una en funciones y otro con licencia, el senado actúa como órgano y juez de sentencia, para determinar el desenlace final de dichas acusaciones.
Por ahora, como están las cosas en el país se ve poco probable que se alcancen los consensos suficientes para enjuiciar políticamente a ambos gobernadores.
El gobierno federal frente al ataque y acoso de Gobierno norteamericano decidió emprender la movilización ciudadana para exigir, en Chihuahua, el juicio político en contra de la Gobernadora de aquel estado.
Los parámetros desde el extranjero que están enfrentados ahora son las acusaciones de intromisión y violación a la ley federal de seguridad al coordinar operativos con agentes extranjeros en un estado de la república, y por otro lado las acusaciones, hechas públicas, por el poder judicial norteamericano precisamente para propinar un punta pie al Gobierno Federal e intentar doblegar a la presidencia para permitir las operaciones encubiertas de los agentes de la CIA y de otras agencias del gobierno de Trump.
Para mi no es casual que a solo 8 días de que empiecen formalmente las negociaciones del TMEC en la Ciudad de México y su inicio trilateral el 1 de julio, se haya dado este enfrentamiento político.
Desde mi punto de vista, el intento del Gobierno norteamericano por llegar a doblegar a sus “socios”, no ha tenido el éxito esperado. Recordemos que las negociaciones empiezan en julio del 26 pero llegaran hasta julio del 27. Lo que quiere decir que serán negociaciones muy tensas e intensas.
Los ejes claves de las negociaciones son:
- Evitar la triangulación del comercio con China.
- El fortalecimiento de las reglas de origen.
- Certidumbre y confianza estratégica en el campo energético y comercio digital
- La discusión de la vigencia del Tratado: seis años, o revisiones anuales por mesas de trabajo.
Es esto y no otra cosa lo que está detrás del choque político entre el gobierno federal y los Estados Unidos, lo demás es parte del juego político entre dos fuerzas, nacionales e internacionales, que empujan al país hacia dos opciones muy claras: 1) el soberanismo energético vs la entrega de los recursos energéticos a las empresas extranjeras, estadounidenses principalmente, y 2) y el multilateralismo vs bilateralismo con hegemonía de una potencia regional.
