Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- Funcionarios del Registro Público de la Propiedad en Veracruz ya enfrentan procesos judiciales por presunta falsificación de documentos, confirmó la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien aseguró que incluso se han ejecutado órdenes de aprehensión en distintos municipios.
La funcionaria fue cuestionada sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), aunque aclaró que esos expedientes son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.
“El tema de las denuncias le corresponden a la Fiscalía Anticorrupción”, indicó.
No obstante, señaló que la Fiscalía General del Estado sí mantiene investigaciones propias contra servidores públicos vinculados con irregularidades documentales en oficinas registrales.
“En lo que a nosotros corresponden se han judicializado algunos casos de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, se ejecutaron algunas de aprehensión, gente que ha falseado documentos y demás en diferentes municipios”, declaró.
Jiménez Aguirre sostuvo que la institución actúa sin distinciones cuando existen conductas ilícitas cometidas por funcionarios.
“Entonces no hacemos ningún distingo, ante una conducta ilícita se procede”, afirmó.
Sobre el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la fiscal reiteró que las investigaciones son llevadas por la Fiscalía Anticorrupción, aunque rechazó que exista protección para exservidores públicos involucrados.
“Ese es un tema que corresponde a la Anticorrupción, pero no se protege a nadie, no hay impunidad”, expresó.
Las investigaciones en la UPAV derivaron previamente en la detención de tres exfuncionarios acusados de presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. Entre ellos se encuentra el exrector Sergio “N”, así como exfuncionarios del área administrativa y financiera, vinculados a proceso por la presunta desaparición de 557 millones de pesos provenientes de cuotas escolares.
Además, la gobernadora Rocío Nahle García informó recientemente que aún existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse contra exfuncionarios relacionados con ese caso, incluidos exservidores vinculados con la Secretaría de Educación de Veracruz.
