Por Art1llero
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de definiciones, por un lado, la realidad de un fenómeno criminal que ha dejado de ser un asunto de “bandidos en la montaña” para convertirse en un sistema que oxigena sectores enteros de la economía legal.
Por otro, el resurgimiento de un espíritu imperialista que, bajo la administración Trump, pretende ignorar la soberanía para imponer una justicia de fuerza.
Ante este escenario es necesario reconocer con responsabilidad y sin matices, la magnitud del desafío: El narcotráfico ya no solo se infiltra en las esferas del gobierno; ha permeado la economía profunda. Desde el patrocinio de artistas y la industria del espectáculo, hasta el control de equipos deportivos, hoteles, desarrollos inmobiliarios y despachos financieros.
Se trata de un entramado de logística, , transporte, aduanas y servicios legales que han convertido al crimen en un actor económico omnipresente.
Sin embargo, este no es un mal endémico exclusivo de México, Estados Unidos lidia con sus propios demonios; ciudades como Las Vegas, Chicago, Miami o Nueva York albergan mafias con tentáculos igualmente extensos en sectores estratégicos. La diferencia no radica en la existencia del problema, sino en su administración.
Estamos ante una patología compartida que exige, por pura lógica de supervivencia, una coordinación bilateral sin precedentes, no una confrontación.
Aquí es donde la postura de la Casa Blanca se vuelve inaceptable, la amenaza de una intervención militar no es una solución, sino una manifestación del ADN intervencionista de una nación que se autoproclama juez del mundo. La estrategia de caos global –desde el hostigamiento a Irán y la prolongación del conflicto en Ucrania, hasta la injerencia en Venezuela por el control de recursos– ha llegado a las puertas de su principal socio comercial.
La intención de intervenir en México no busca erradicar el narcotráfico, pues este depende del consumo y el mercado financiero estadounidense para existir. El intervencionismo es, en realidad, un ejercicio de poder hostil que busca vulnerar la autonomía de un vecino soberano. Defender la soberanía mexicana no es proteger a los criminales ni a los políticos corruptos que les sirven; es defender el pilar fundamental que permite a una nación resolver sus propios conflictos sin la bota de un “policía” extranjero cuyos intereses son, a menudo, más desestabilizadores que el problema que dice combatir.
La solución requiere voluntad política, no invasiones. Una colaboración real implicaría que EE.UU. detenga el tráfico de armas y el lavado de dinero en sus propios bancos, mientras México depura sus instituciones.
Cualquier otra vía que ignore la corresponsabilidad y apueste por la fuerza militar es una receta para el desastre regional. La soberanía no es negociable, y la paz solo se alcanzará cuando ambos países enfrenten a sus propios demonios con la misma determinación con la que hoy se señalan el uno al otro.
