Una joven ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) logró, mediante una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, impedir que el ex diputado local Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, así como la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de ese partido, eludieran el cumplimiento de medidas de reparación ordenadas luegos de una queja que promovió por violencia política contra las mujeres en razón de género, entre ellas la publicación de una disculpa pública.
A más de un año de que se inició la querella ante el órgano intrapartidario y que debió escalar a la autoridad jurisdiccional electoral, la víctima consideró que dicha disculpa no tuvo el alcance que esperaba, al haber consistido en un pequeño recuadro, un octavo de plana, dentro de la sección de edictos y avisos de un periódico que ni siquiera aparece en el Padrón de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación y con un texto menor al que en su momento dispuso la misma Comisión de Justicia.
No obstante, la instancia partidaria se dio por satisfecha con la medida, y en cuanto a la disposición de tomar un curso sobre perspectiva de género, Bonilla presentó una constancia de haberlo hecho por medio de la plataforma del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La víctima –que en el momento en que ocurrieron los hechos de acoso denunciados tenía 21 años– recordó que la queja se presentó ante la Comisión de Justicia del blanquiazul el 10 de diciembre de 2024 y en su primera resolución consideró inexistente la falta, aun cuando en el ámbito penal fue el primer caso de violencia política contra las mujeres en razón de género que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales capitalina logró vincular a proceso.
A partir de una sentencia del Tribunal Electoral, la comisión debió emitir una nueva resolución en la que acreditó la conducta, aunque la clasificó como “falta leve ordinaria” y le impuso la medida de reparación integral con una disculpa pública, la prohibición de contactar a la víctima y tomar un curso de capacitación en materia de perspectiva de género, pero dejó intactos sus derechos como militante.
Posteriormente, Bonilla y la comisión pretendieron dar por cumplidas las medidas de reparación al señalar que estas mismas fueron realizadas para obtener la suspensión provisional del proceso penal iniciado en su contra ante el Poder Judicial local.
El Tribunal Electoral debió enmendar nuevamente la decisión de la comisión panista al advertir que actos ejecutados dentro de un procedimiento penal diverso, resultan incompatibles con la autonomía de los procedimientos y con los principios de legalidad y certeza jurídica, por lo que le ordenó verificar y supervisar la ejecución “efectiva y completa de cada una de las medidas” de reparación.
En su disculpa pública, Bonilla admitió que “mis palabras y conductas constituyeron actos de acoso sexual, sicológico y simbólico, los cuales vulneraron su dignidad, afectaron su participación política y transgredieron su derecho a una vida libre de violencia”.
Fuente: La Jornada
