Por Art1llero
Es inédito y extremadamente grave que Estados Unidos acuse a un gobernador en funciones, a un senador y a un alcalde de Sinaloa de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir toneladas de fentanilo y otras drogas a su territorio.
Este golpe representa un duro impacto colateral contra Morena, que hoy controla el Ejecutivo federal, el Congreso y la mayoría de los estados. Más allá de los directamente acusados, pone en alerta máxima a toda la clase política mexicana.
Nunca antes un indictment federal estadounidense había alcanzado con tal contundencia a tres figuras políticas de alto nivel mexicanas en ejercicio simultáneo, pertenecientes al mismo partido gobernante.
Esta acusación no solo mancha a los señalados, sino que alimenta con la percepción y el discurso de que México padece un narcoestado en regiones clave y un gobierno incapaz de combatir la penetración del crimen organizado en sus instituciones.
No es la primera vez que Washington señala a altos funcionarios mexicanos. Antecedentes como el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien fue extraditado y condenado en EEUU por lavar millones de dólares en sobornos del Cártel de Juárez, o el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas, condenado por lavado de dinero, muestran un patrón recurrente.
Más reciente y de mayor impacto, fue el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en 2020 en Los Ángeles por la DEA bajo cargos de narcotráfico y lavado, aunque los cargos fueron retirados posteriormente tras fuerte presión diplomática mexicana.
El timing agrava la situación, la acusación llega en vísperas de negociaciones cruciales para el T-MEC, en un momento de alta tensión bilateral. Washington endurece su postura frente al flujo de fentanilo que ha cobrado cientos de miles de vidas estadounidenses, mientras México responde con prudencia y cautela.
La primera reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido mesurada, solicitando pruebas y defendiendo la soberanía, pero esta cautela revela también una debilidad estructural.
México debió actuar mucho antes; permitir que sea Estados Unidos quien dé el golpe público y judicial contra políticos de Morena en Sinaloa expone una falla grave, la reticencia histórica a limpiar las casas propias con determinación y velocidad.
La prudencia inicial es comprensible, pero la inacción prolongada ante señales previas solo erosiona la credibilidad del Estado mexicano y complica aún más la relación con Washington.
