Edgard González Suárez
Crece el consenso en las cámaras para posponer la elección de jueces y llevarla a cabo hasta el 2028. La elección de Jueces debería pasar por un examen critico después de la elección del año 2024, porque se requiere líneas de acción que nos permitan fortalecer la reforma y al poder judicial. Particularmente no creo que sea oportuno y sobre todo eficaz, mezclar la elección presidencial y la judicial, y menos llevarlas a cabo al mismo tiempo. Creo que no habría problema si se llevan a cabo en el 2028.
De entrada, no solo son los tiempos, sino los preparativos que permitan consolidar reglamentos, criterios, métodos y resultados. El Poder Judicial y su proceso de integración exigen la mayor credibilidad y legitimidad para operar con orden y respeto.
Hay un debate en el senado, tanto dentro del bloque oficial como de éste con la oposición y se tiene hasta medidos de mayo para que las cámaras decidan si se queda la fecha del 2027 o si se traslada hasta 2028. El gran debate no solo es la fecha sino las reglas o procedimientos, estos requieren fortalecer el Marco jurídico que haga una evaluación seria y consolidada de los perfiles, origen de los aspirantes, capacidades, experiencia en el ramo, conocimientos procesales, elevados niveles de razonamiento jurídico, apegado a criterios éticos, jurídicos, constitucionales y de derechos humanos.
Y, por otro lado, claras reglas de participación de la ciudadanía para evitar confusiones, desmotivación o desidia por parte de quienes quieren participar en la elección de los jueces.
Las nuevas reglas deben evitar el confuso y no siempre claro uso de los llamados “acordeones” que permitieron sacar adelante la elección anterior, pero también contaminó el proceso y lo lleno de dudas innecesarias. Se requiere un formato de reglas homogéneo de perfiles, y procedimientos, y para ello es necesario contar con los tiempos necesarios y no verse impactados por la dinámica electoral de la elección de diputados y gobernadores del próximo año.
En su momento comente que había la necesidad de una gran pedagogía ciudadana para informar, dar a conocer, identificar, seleccionar y decidir con el mayor grado de conciencia a sus jueces o personas juzgadoras. La ciudadanía y los organizadores no tuvieron tiempo, ni preparación, ni capacidad critica para hacer una elección consciente.
La idea no es tumbar la reforma judicial sino fortalecerla y esto se logra apoyando y evaluando la experiencia anterior, ya hay datos útiles y por esto ya se visualizan aspectos que pueden ser mejorados.
Otro de los aspectos a considerar es el gasto del INE, su exigencia para atender dos elecciones simultáneas, y sobre todo su capacidad para atender dos procesos electorales distintos, con formas y reglas distintas, y qué en mi opinión, sin formación basta y suficiente lo único que crean es confusión en los ciudadanos.
Decía al principio que crece el consenso en las cámaras de senadores y diputados, y de seguro en unos días deberán presentar una reforma constitucional para posponer la fecha de la elección del segundo bloque de personas juzgadoras y reconstruir las reglas del juego para evitar el descredito y las confusiones de la vez anterior.
Pero la oposición esta también por atrasar la elección del poder judicial, no por otra cosa sino para tratar de crear o aprovechar una coyuntura nacional o internacional que descarrile esta segunda parte del proceso.
Aparte de la fecha y de los perfiles, otro cambio central en la reforma es la eliminación de los tres comités de evaluación —uno por cada poder de la Unión— para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por nueve personas, con tres designaciones por cada poder. La idea con esto es responsabilizar a un solo órgano de decisión y que sus integrantes se pongan de acuerdo en los criterios de elegibilidad y las reglas del proceso. Como por ejemplo dejar muy clara la prohibición de haber sido militante de un partido político, haber sido dirigente o candidato -la temporalidad podría estar a discusión-, reducir los listados, evitar los acordeones, y una propuesta de reorganización de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en términos de su jerarquía, funciones, y coordinación entre el órgano de administración, el tribunal y los ministros de la corte.
En fin, parece que el Gobierno y las cámaras quieren iniciar un proceso de renovación basado en las competencias profesionalización, los principios de ética y derechos humanos y un intento por mejorar la administración de justicia en nuestro país.
