Gladys Pérez Maldonado.
En México, el discurso oficial insiste en avances, consistentes en más leyes, más protocolos, más declaraciones de cero tolerancia, entre otros. Pero hay una verdad incómoda que se esquiva sistemáticamente, el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de las consecuencias más profundas del feminicidio. Entre ellas, la más dolorosa y menos atendida, esto es, las hijas e hijos de las mujeres asesinadas.
No son una estadística menor. Son el rastro vivo de la violencia. Son la evidencia de que cada feminicidio no termina con la muerte de una mujer, sino que se prolonga en vidas marcadas por el abandono institucional.
El caso de Carolina Flores lo expone con crudeza. Tras su asesinato, la conversación pública se centró —como suele ocurrir— en el horror del crimen, la exigencia de justicia y la actuación de las autoridades. Pero rápidamente se desvaneció una pregunta esencial: ¿qué pasó con su hijo? ¿Quién se hizo cargo de él? ¿Qué acompañamiento real recibirá más allá de promesas y declaraciones? ¿El esposo de la víctima y padre del menor encubrió a la feminicida, que resulta ser su propia madre?
La respuesta, en la mayoría de los casos, es incómoda, no se sabe.
México carece de un padrón nacional confiable que permita saber con certeza cuántos niños y niñas han quedado en orfandad por feminicidio. Las cifras disponibles son fragmentadas, dispersas y, en muchos casos, subestimadas. Esta omisión no es menor, lo que no se nombra no se atiende. Y lo que no se mide, políticamente, no existe.
El marco legal parece sólido en el papel. La Ley General de Víctimas reconoce a estos menores como víctimas indirectas, con derecho a reparación integral, atención psicológica, apoyo económico, acceso a la educación, medidas de protección. Algunos estados incluso han creado programas específicos. Sin embargo, en la práctica, estos derechos se diluyen en trámites interminables, criterios discrecionales y una burocracia que revictimiza.
Aquí es donde el discurso gubernamental se rompe.
Porque no basta con reconocer derechos si no hay mecanismos eficaces para garantizarlos. No basta con anunciar apoyos si estos no llegan de manera oportuna ni sostenida, y no basta con condenar el feminicidio si se ignoran sus efectos más devastadores.
La realidad es que muchos de estos niños terminan bajo el cuidado de familiares, generalmente las y los abuelos, que asumen la responsabilidad sin respaldo económico ni institucional. Otros enfrentan el desarraigo, la pobreza o la institucionalización. Y algunos más crecen con una carga emocional que el sistema de salud mental público simplemente no está preparado para atender.
Más grave aún, en numerosos casos, el agresor es el padre. Esto no solo implica la pérdida de la madre, sino la ruptura total del entorno familiar. El Estado, entonces, no solo llega tarde; llega mal.
La narrativa oficial ha apostado por fortalecer la tipificación y persecución del feminicidio, lo cual es necesario pero insuficiente. Se ha centrado en el castigo, pero ha descuidado la reparación. Ha puesto el foco en la víctima directa, pero ha ignorado a quienes sobreviven.
Y ahí radica el problema de fondo, la política pública en México sigue siendo reactiva, fragmentada y, en muchos casos, simbólica. Se responde al escándalo mediático, pero no se construyen sistemas sólidos de atención a largo plazo.
El caso de Carolina Flores no es una excepción. Es un espejo. Refleja un patrón donde la indignación dura lo que dura la noticia, mientras las consecuencias permanecen en silencio.
Si el gobierno realmente quisiera enfrentar el feminicidio como una crisis estructural, empezaría por reconocer a estos menores como una prioridad nacional. Crearía un registro único, garantizaría apoyos automáticos y universales, y establecería un sistema de acompañamiento psicológico y social de largo plazo. Pero eso implica algo más que voluntad política, implica asumir costos, responsabilidades y, sobre todo, abandonar la simulación.
Porque mientras eso no ocurra, cada feminicidio seguirá dejando una estela de infancias rotas que el Estado administra, con indiferencia, como daños colaterales.
El gobierno puede seguir presumiendo cifras, reformas y discursos. Pero mientras no mire de frente a las y los hijos del feminicidio, su política seguirá siendo, en el fondo, una forma de abandono institucionalizado.
Si el Estado insiste en mirar hacia otro lado, entonces hay que decirlo sin rodeos, México no solo está fallando en prevenir el feminicidio, está fallando en proteger el futuro, porque cada niña y niño que crece en el abandono tras la muerte de su madre es una evidencia viva de la incapacidad gubernamental para sostener la vida después de la violencia. No son daños colaterales, son responsabilidades directas. Mientras el gobierno continúe administrando estas tragedias con indiferencia, lo que realmente se está normalizando no es solo la violencia contra las mujeres, sino la orfandad como política pública de facto…
