Por Art1llero
La invasión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses constituyen una acción grave, unilateral, injerencista y violatoria del derecho internacional. No es un hecho aislado ni un episodio excepcional, es un mensaje político y geoestratégico dirigido a toda América Latina.
Conviene dejarlo claro desde el inicio, no se trata de defender al régimen de Maduro, ampliamente cuestionado por su deriva autoritaria. Se trata de algo más profundo y peligroso: la defensa de la soberanía de los pueblos, del derecho a la autodeterminación y del principio de no intervención.
Cuando una potencia decide, por la vía militar, quién gobierna y quién cae, el problema deja de ser ideológico y se convierte en estructural.
La historia respalda esta preocupación. América Latina ya ha conocido las consecuencias del intervencionismo estadounidense: Chile en 1973, Panamá en 1989, y una larga lista de operaciones encubiertas, financiamiento de guerrillas, abastecimiento de armas y desestabilización política contra gobiernos no alineados con Washington. Hoy el método es más directo; el objetivo, el mismo.
Esta acción viola abiertamente el derecho internacional y el artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Ignorar esta violación equivale a normalizarla.
El precedente es alarmante, todo país que no se someta a los intereses de Estados Unidos queda expuesto a la intervención. No importa el pretexto: democracia, comunismo, derechos humanos, seguridad regional, terrorismo, narcotráfico; cuando la fuerza sustituye al derecho, nadie está a salvo.
El silencio, la tibieza o la justificación selectiva no son neutralidad, son complicidad. Defender la soberanía hoy no es respaldar gobiernos, es defender un principio que protege a todos. Mañana, el blanco puede ser otro.
