Sam Ojeda – NV Noticias
Xalapa.- La Federación de Licenciados en Derecho y el Colegio de Abogados Juristas promoverán acciones legales en contra de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, conocida como la “Ley Espía”, por considerar que vulnera derechos constitucionales y representa una amenaza directa a la privacidad de la ciudadanía.
Ricardo Morales Carrasco, abogado e integrante de ambas organizaciones, anunció que se preparan juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad que buscarán revertir esta normativa ante los tribunales.
“Todavía estamos dentro del marco constitucional. Si estuviéramos en una dictadura, no estaría yo aquí. Por eso vamos a dar la batalla jurídica, no solo desde Veracruz, sino junto con colegas de otras partes del país”, afirmó.
El litigante alertó que con esta legislación, autoridades administrativas —sin necesidad de orden judicial— podrán intervenir dispositivos electrónicos, acceder a datos bancarios, correos electrónicos y otra información sensible.
“Antes solo era posible hacerlo con autorización judicial y en casos de extrema urgencia, como delincuencia organizada. Ahora cualquier funcionario podrá tener acceso a nuestra vida privada. Es un Estado vigilante, un Estado policial”, advirtió.
Morales cuestionó que en un contexto de múltiples reformas legales —36 en total, según detalló— se estén aprobando cambios que transforman el sistema de vigilancia, seguridad y atención a personas desaparecidas, sin que haya una armonización jurídica adecuada.
“Con tantas modificaciones no se logra un sistema coherente, al contrario, se debilita el Derecho y se generan riesgos para los ciudadanos”, dijo.
Consideró que la nueva ley es inconstitucional al carecer de contrapesos que limiten el poder de las autoridades que ejercerán la vigilancia. “Debe haber alguien que vigile a los vigilantes. ¿Quién controlará que no se abuse del acceso a información privada?”, cuestionó.
Finalmente, admitió que sus críticas podrían ser vistas como alarmistas, pero insistió en que los antecedentes de espionaje ilegal a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos confirman la necesidad de frenar este tipo de disposiciones.
“Esto ya ha pasado antes. Hay pruebas de intervenciones ilegales. Esto no es una exageración: es una advertencia necesaria”, concluyó.
