Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El pasado 15 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) aceptó la recomendación 020/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se acredita la comisión del delito de tortura contra Antonio del Río Argudín, cometida por el entonces director del Penalito, Iván Márquez Lucido.
Sin embargo, la aceptación fue parcial pues el titular de la SSP, Alfonso Reyes Garcés, señaló que no actuará penalmente contra el funcionario señalado.
Del Río Argudín señaló que, por el contrario, el exdirector del Penalito permanece laborando dentro de la misma Secretaría, en total impunidad.
“El Secretario está desestimando irresponsablemente la gravedad de este delito al exigir que la víctima lleve por su cuenta al agresor ante un juez de control, cuando hay una resolución oficial que comprueba la tortura”, declaró.
Ante ello responsabilizó directamente a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por la inacción jurídica frente a los hechos probados por la CEDH.
Agregó que su caso no es el único de tortura en el estado pues hay más de 150 expedientes de tortura cometida por la Secretaría de Seguridad Pública.
Y calificó como lamentable la postura del titular de la SSP, a quien acusó de falta de carácter y encubrimiento dentro de la institución.
Agregó que sus abogados ya analizan impugnar la respuesta parcial de la SSP y recurrir a amparos federales, asegurando que “esto ya se ganó, solo es cuestión de tiempo para que se aplique la ley”.
