Sam Ojeda / NV Noticias
La Sala Regional del Tribunal Electoral determinó que el Comité Estatal del Partido Verde no incurrió en malversación de recursos públicos en el Ejercicio Fiscal 2018, sin embargo, deberá cubrir el 200 por ciento de la sanción de 16 millones de pesos, impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por insuficiencias en la comprobación de gastos con las empresas que impartieron cursos de capacitación durante ese año.
El Tribunal resolvió revocar las vistas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada, en virtud de que el INE, no aportó pruebas suficientes para soportar la responsabilidad legal que acusó; además, violentó el derecho de Presunción de Inocencia de los involucrados.
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sanción administrativa del 200 por ciento de los más de 16 millones de pesos con observación administrativa y reconoció que el PVEM incumplió su obligación de acreditar debidamente el uso de recursos públicos, por lo que se considera legal la infracción del INE.
En sesión del 5 de febrero, dirimió el expediente SX-RAP-1/2025, expuesto por el Magistrado, José Antonio Troncoso Ávila que generó la resolución que avala la facultad del INE para aplicar una sanción administrativa porque demostró que el Partido Verde tuvo insuficiencia para demostrar el uso de recursos públicos para la realización de cursos, pero no se encontraron indicios de una malversación o fraude de parte de quienes ejercieron esos recursos.
La Magistrada Presidenta, Eva Barrientos, expuso que el INE impuso la multa por omitir comprobación de operaciones con personas morales relacionadas con asesorías y capacitaciones durante la fiscalización de sus gastos, es decir, no aportó las comprobaciones suficientes.
El Tribunal Electoral determinó que el partido político tenía fundamento al argumentar una violación a su derecho de presunción de inocencia, ya que el INE no presentó pruebas contundentes de su culpabilidad en conductas ilícitas, por lo que eximió a los involucrados en hechos al margen de la ley durante el periodo 2018, que estuvo a cargo del entonces dirigente estatal y ahora, diputado local del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
