El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán.
Lo anterior pese a la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer una sanción a sus correligionarios, pero dejarles la candidatura, incluso adelantó que al terminar el proceso electoral presentará una iniciativa para reformar al INE, a fin de que aplique medidas de austeridad y sea “autónomo e independiente”, porque actualmente “yo no tengo confianza”.
Con una votación de 6-5 en la que la consejera Norma Irene de la Cruz fue la única en cambiar su voto (que el 25 de marzo fue a favor de retirar el registro), el consejo reiteró sus sanciones basadas en la sentencia del Tribunal Electoral que ratificó las violaciones en materia de fiscalización.
Salgado Macedonio, así como los precandidatos Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo fueron sancionados con la pérdida del derecho a registrarse, mientras Luis Walton recibirá una multa de 217 mil 200 pesos por ser el único que mostró “voluntad y disponibilidad” para aclarar sus gastos, pues cuando la autoridad le señaló que no reportó 18 mil pesos aclaró que en realidad sus gastos fueron superiores a 502 mil pesos.
La consejera Claudia Zavala sostuvo que no hay discusión de si existen infracciones, pues la conducta y la culpabilidad están sustentadas tanto por parte del partido como de los precandidatos.
Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel coincidieron en que se encuentran ante una “violación grave”, por lo que avalaron la gradualidad de la sanción que instruyó la Sala Superior.
Asimismo, el Consejo General del INE aprobó mantener la pérdida de registro de Raúl Morón, como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, tras comprobarse los incumplimientos en materia de fiscalización.
Con seis votos a favor y cinco en contra se cerró la votación, luego de que el consejero Uuc-kib Espadas se equivocara y pidiera una rectificación de la misma para manifestarse en contra.
Consideró que se trata de un proyecto preocupante, pues la omisión en la fiscalización es muy desproporcionada con la sanción de impedirle que ejerza sus derechos político-electorales.
Fuente: Milenio
