El Senado de la República mantiene en la congeladora legislativa 76 nombramientos, algunos incluso a pesar de fallos judiciales, entre ellos, tres comisionados del Inai que Morena y el gobierno federal se niegan a concretar ante la visión presidencial de la desaparición del organismo autónomo; además, 47 magistrados regionales y locales del TEPJF y decenas de consejeros, vocales e, incluso, el presidente del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Especialistas en transparencia, analistas políticos y senadores expusieron a EL UNIVERSAL que si bien la prioridad para la oposición son los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el oficialismo busca como estrategia y por instrucción presidencial frenar todos estos nombramientos que también tienen que ver con temas de derechos humanos, justicia electoral, administrativa e incluso para vigilar la actuación de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos nombramientos se encuentran en el impasse legislativo desde hace casi dos años, todo ello en medio de la crisis y confrontación entre el oficialismo y la oposición.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, dijo que se trata de una “omisión muy grave” por parte de la Cámara Alta, sobre todo en el caso de los tres comisionados del Inai.
“Se debe reflexionar en el Senado sobre esta grave omisión y en el caso del Inai, incluso, desacato que se deriva de una decisión política de la mayoría y sus aliados de no permitir que estos organismos puedan cumplir con sus funciones y prefieren matarlos de inanición, ahorcándolos, dejándolos sin quórum, sin presupuesto”, apuntó.
El senador por Movimiento Ciudadano indicó que el oficialismo cree que “pateando el bote” en estos más de 70 nombramientos pueden obtener mejores resultados para sus propios fines políticos, pero sobre todo como una estrategia para favorecer al Presidente y su gobierno.
Puntualizó que cuando el constituyente planteó el número de magistrados, comisionados, consejeros, no fueron ocurrencias porque son números que permiten el funcionamiento adecuado, “no es que se les haya ocurrido un número al arbitrio, tienen un objetivo, un espíritu para lograr equilibrios, contrapesos para que existan deliberaciones y sus decisiones puedan ser colegiadas, colectivas”.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que “sólo se ha avanzado en los nombramientos que tienen la bendición política de la Presidencia de la República. Cuando los funcionarios nombrados son cercanos al Presidente, los órganos que unos días antes eran controversiales, se convierten en órganos aliados y toda tensión política desaparece”.
Argumentó que en el caso de estos nombramientos, que no son designación directa del Presidente y tienen que conciliarse con la minoría parlamentaria, no parece haber ni interés ni disposición de nombrarlos. Eso supondría tener que negociar con la oposición y por estrategia electoral hacia 2024, el gobierno será renuente a hacerlo.
Fuente: El Universal
