Por Edgard González Suárez
Una vez que la Reforma Electoral de la Presidenta de la República fuera desechado en la cámara baja, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó lo que se ha llamado el “Plan B”. El inicio de la discusión está programado para el día de hoy, lunes 23 de marzo y la votación en el pleno se espera se realiza en próximo miércoles 25 de marzo.
Cabe destacar que el Plan B es un paquete de reformas secundarias que no requieren mayoría constitucional, es decir, no requieren de la mayoría calificada sino pueden ser probadas por mayoría simple.
Este paquete de reformas había tenido el respaldo de todos los partidos que conforman la coalición gobernante, pero cambios de último minuto han generado nuevamente resistencias de uno de los partidos aliados, el PT.
Cuál es el tema que ha suscitado la resistencia, no solo del PT, sino también de todo el bloque opositor (PAN, PRI y MC), pues sin duda la revocación de mandato. El PT asegura que la revocación de mandato no puede ni debe coincidir el mismo día de las elecciones federales porque ello generaría un desequilibrio abusivo a favor de morena ya que la presidenta estaría en la boleta y además podría intervenir y hablar a favor de su programa de gobierno. Lo que dejaría una cancha muy de ladeada y una campaña a diputados que podría verse alterada precisamente por ese desequilibrio en la jornada electoral.
El otro tema que ha causado escozor en la oposición ha sido la reducción de regidores y salarios en ayuntamientos y Gobiernos estatales, con el propósito de ajustarse al plan de austeridad que desde el propio gobierno se está implementando.
En ambos temas se argumenta un problema de procedimiento, de método para lograr el objetivo político final, que sería reducir los gastos electorales y además meter en la contienda la figura de Claudia Sheinbaum.
El intento nos deja ver dos posturas dentro de Morena, aquellos que quieren al fondo en el Plan de austeridad y meter a Claudia Sheinbaum en la campaña, con lo cual se intenta mejorar los números electorales de MORENA, y no importando el sacrificio de sus aliados más pequeños, y aquellos que pretender mantener la coalición, aún y cuando los aliados puedan tener posturas discrepantes con la presidencia o con el movimiento e intentan a toda costa a mantener a flote la alianza por encima de especificidades o detalles.
Al tratarse de reformas secundarias, MORENA y sus aliados no necesitan tener mayoría calificada en el senado, basta tener 65 votos comprometidos con el Plan B para sacarla adelante. En su conjunto, Morena y Aliados tienen 85 votos amarrados con lo cual les alcanza y sobra, siempre y cuando los aliados voten en bloque.
Hasta ahorita, el PT se ha manifestado en contra de que la revocación de mandato se lleve a cabo el mismo día de la jornada electoral, y ya anunció que en esa propuesta ellos votaran en contra.
Tanto verde como PT exigen que se respete el acuerdo original para que la revocación de mandato se lleva a cabo en agosto de 27, ya que, en esa fecha, suponen esos aliados, que la figura y presencia de la presidenta ya no desequilibraría la competencia por las diputaciones, las alcaldías y Gubernaturas en disputa.
Y respecto de los ajustes presupuestarios en Congresos y Ayuntamientos, se pide por parte de los aliados, una revisión más profunda y diferenciada ya que esto altera la dinámica particular en cada demarcación y las negociaciones a las que llegan los partidos en cada contienda electoral en específico.
Si bien, hay mucho ruido, y las diferencias parecen ser irreconciliables, la verdad es que MORENA estáimponiendo su fuerza, ya que tiene por si solo 60 senadores, le bastan cinco, que ya tiene del partido verde (14), y con ello saldrá adelante la reforma. Sin embargo, habría que evitar que los aliados, particularmente el PT (11) salgan muy lastimados de esa negociación.
Hoy lunes se discute y dictamina en comisiones; el martes 24, se realiza la primera lectura en el pleno, y el miércoles 25 se discute y vota en el plano. La votación y aprobación del paquete de reformas está garantizado, después seguro vendrá la judicialización de la iniciativa para que sean los tribunales los que se pronuncien, ya que de seguro será esta arma -la judicial- la que utilizaran los partidos opositores para detener los cambios anunciados en el paquete de reformas.
