El juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entregar “la totalidad de información” sobre el caso Ayotzinapa generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
Se trata de 853 folios del CFRI que el juzgado estima que el Ejército tiene en su poder, y que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos han exigido durante varios años que la institución castrense entregue, pues consideran que contiene “información clave” para dar con el paradero de sus hijos.
Organizaciones que acompañan a las familias, como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña Tlachinollan, así como Serapaz, entre otras, informaron que en su resolución, derivada del juicio de amparo 1350/2023, el juez federal reconoce que “la discontinuidad” en los folios de los archivos “constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares” y debe ser entregada, pese a que la Sedena ha negado su existencia.
La existencia de los más de 800 folios fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual asistió a las familias de los 43 estudiantes y que, previo a su salida en julio de 2023, acusó al Ejército de acciones de obstrucción en la investigación y ocultamiento deliberado de información “crítica”.
En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, “lo que evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense”.
Frente a ello, las familias entonces debieron acudir a la justicia federal ante “la parálisis” de la la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada por decreto presidencial, y que “dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de la investigación”.
En agosto de 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 11 años, recurrieron al juicio de amparo, y reclamaron “la omisión de las autoridades militares” de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las organizaciones de derechos humanos recalcaron que el fallo, emitido el pasado 19 de febrero, reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y por ende, la obligación de la Sedena de entregar toda la información relacionada.
“La resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa”, enfatizaron.
Asimismo, recordaron que, dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
Fuente: La Jornada
