Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de “régimen ilegítimo” y “paranoico”, la liberación “incondicional” de todos los presos políticos, tras la excarcelación, la semana pasada, de al menos 24 disidentes y críticos con el Ejecutivo sandinista.
“Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones”, demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.
“Libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, continuó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.
El Gobierno de Nicaragua anunció el sábado pasado la excarcelación de “decenas de personas” que permanecían detenidas por motivos políticos, según organismos humanitarios, en el marco del aniversario de los 19 años de Ortega en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.
Esa excarcelación se produjo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el “paso importante” dado por Venezuela para liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua también hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabilizó al menos 24 presos políticos excarcelados el sábado pasado, entre ellos seis que no tenían en la lista oficial de 62 detenidos.
Por su lado, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua alertó que quienes han sido excarcelados enfrentan una suerte de “muerte civil”, pues se les niega acceso a empleos, se les restringe la movilidad y deben reportarse diariamente ante las autoridades, “es decir aún no gozan de libertad”.
“Ahora enfrentan constante vigilancia policial y paraestatal, deben presentarse diariamente en las delegaciones policiales de sus municipios de residencia y tienen restringidos sus derechos de movilidad, de expresión, de reunión y comunicación con el exterior”, denunció esa ONG.
Fuente: Milenio
