Sam Ojeda – NV Noticias
Xalapa.- La vocera de la organización Equifonía, Aracely González Saavedra, calificó como un avance histórico la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, al considerar que abre la puerta para garantizar verdad, justicia y reparación, particularmente para las mujeres indígenas.
Señaló que la resolución confirma lo que durante años denunciaron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres: que en la investigación del caso prevalecieron intereses políticos y partidistas, en lugar de una indagatoria apegada al debido proceso y orientada a garantizar justicia para la víctima y su familia.
“Nosotras nos congratulamos de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que es un avance muy importante para garantizar verdad, justicia y reparación”.
González Saavedra destacó el trabajo realizado durante años por las integrantes del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, al que calificó como ejemplar y comprometido con el derecho a la justicia de las mujeres indígenas.
“El trabajo hecho por las compañeras del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara durante todos estos años ha sido ejemplar, ha sido una muestra de compromiso con el derecho a la justicia de mujeres indígenas”.
Explicó que la sentencia establece la obligación del Estado mexicano de adoptar medidas inmediatas para esclarecer los hechos, investigar la violencia sexual de la que fue víctima Ernestina Ascencio, identificar a los responsables de su asesinato y sancionarlos conforme a la ley.
“Esta resolución establece que el Estado mexicano debe tomar medidas inmediatas y llevar a cabo un proceso en el que se encuentre a los responsables del asesinato de la señora Ernestina, de la violencia sexual de la que fue víctima, y que se sancione a los responsables”.
La vocera de Equifonía subrayó que el fallo también evidencia graves deficiencias institucionales en la impartición de justicia, como la falta de intérpretes para acompañar a las familias indígenas, carencia de personal capacitado y condiciones inadecuadas de accesibilidad en las instalaciones de la Fiscalía, lo que obstaculizó el acceso efectivo a la justicia.
“Esta sentencia nuevamente nos recuerda que sigue habiendo graves deficiencias a nivel institucional para la impartición de justicia, que dificultan el acceso a la justicia de las familias indígenas”.
Añadió que el caso refleja la necesidad urgente de fortalecer las instancias de procuración e impartición de justicia y de que el Estado mexicano asuma una postura clara de respeto a los derechos de las mujeres, sobre todo en contextos donde están involucrados integrantes del Ejército mexicano.
“Son integrantes del Ejército mexicano quienes están atentando contra el derecho a la vida y contra el derecho a una vida libre de violencia, lo que representa un reto enorme para el Estado”.
Finalmente, González Saavedra expresó su reconocimiento al acompañamiento sostenido del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y confió en que el gobierno mexicano cumpla con lo establecido por la Corte IDH, al considerar que la sentencia sienta un precedente fundamental para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas.
