Sam Ojeda – NV Noticias
Xalapa.- El estado de Veracruz ya tiene un nuevo marco constitucional en materia de procuración de justicia. Las reformas que redefinen cómo será nombrada, ratificada y removida la persona titular de la Fiscalía General del Estado ya son oficiales, luego de que este jueves se publicara en la Gaceta el Decreto 273, avalado previamente por el Congreso local y por 122 ayuntamientos.
Con la entrada en vigor, inicia también un periodo de 120 días naturales para que el Poder Legislativo ajuste la Ley Orgánica de la Fiscalía y adapte sus procedimientos al esquema que ahora coloca al Ejecutivo como la instancia facultada para enviar las propuestas de designación, ratificación o separación del cargo.
El modelo aprobado establece que la duración del encargo será de cuatro años y que la persona podrá permanecer hasta ocho, siempre que la gobernadora opte por ratificarla por un segundo periodo. En ambos casos, el Congreso deberá recibir la notificación y llamar a rendir protesta.
La intervención del Legislativo tendrá plazos estrictos. Cada propuesta enviada por el Ejecutivo deberá ser votada en cinco días hábiles; si no existe resolución, se entenderá aprobada de forma automática. Solo si dos propuestas consecutivas son rechazadas o no dictaminadas, la gobernadora elegirá directamente a la persona que ocupará la Fiscalía entre esos dos perfiles.
Lo mismo ocurrirá ante la ausencia definitiva de quien ocupe el cargo: el Ejecutivo enviará un nombre y el Congreso deberá responder bajo los mismos parámetros.
Para la remoción también se fija un procedimiento. La decisión podrá provenir del Ejecutivo cuando existan causas graves señaladas en la ley, pero el Congreso tendrá cinco días hábiles para objetarla con la votación que se exige para el nombramiento. Si no lo hace, la separación se confirmará; si objeta, la persona deberá volver al cargo.
Requisitos y perfil del futuro titular
La reforma detalla los requisitos para quien aspire al puesto: ciudadanía mexicana por nacimiento, mínimo 30 años de edad, título de licenciatura en Derecho con al menos cinco años de antigüedad, no haber sido condenado por delitos graves y acreditar los exámenes de control y confianza. Además, se refuerza el perfil institucional que se busca: trayectoria jurídica sólida, experiencia en procuración de justicia, capacidad directiva, independencia en sus decisiones y una visión centrada en derechos humanos, víctimas y perspectiva de género.
