Jesús Utrilla/ NV Noticias
La prórroga al decreto para regularizar vehículos de procedencia extranjera continúa golpeando al sector automotriz formal, pues desde su entrada en vigor regularizó, e alrededor de 2 millones 200 mil unidades, cifra que supera por amplio margen las ventas anuales del mercado mexicano, que cerró con 1 millón 495 mil vehículos el año pasado, señaló Luis Carlos Palomar Mendoza, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Veracruz-Tabasco.
Dijo que esta medida mantiene una competencia desequilibrada y facilita el ingreso de unidades en condiciones mecánicas riesgosas.
“Desde la vigencia del decreto al día de hoy, pues prácticamente es una afectación de esas características. Desafortunadamente terminan no siéndolo porque son muchas veces vehículos que ya están totalmente desahuciados, que son pérdidas totales en el país vecino del norte. Solamente se les da una arregladita y se ponen a circular con condiciones técnicas de seguridad no revisadas, lo cual pone en riesgo no solo al usuario del vehículo sino a los demás usuarios y transeúntes”.
Advirtió que estos autos ingresan sin control en la frontera, lo que implica riesgos adicionales relacionados con inseguridad, delincuencia y contaminación ambiental. Aunque inicialmente su vigencia estaba prevista hasta septiembre de este año, el decreto fue ampliado hasta noviembre de 2026, con el objetivo de cerrar definitivamente este mecanismo.
“Sigue vigente una medida que no beneficia en absolutamente nada más que en introducir vehículos de baja calidad, vehículos peligrosos al país. Que además vienen liberando gases contaminantes en una frontera que de por sí ya sabemos tiene un problema delicado. Y además todo lo que pueda venir dentro de ellos, que pasa sin ningún tipo de control todos los días”.
Insistió en que el de reto debe cancelarse, pues no genera beneficios reales ni para la economía ni para la seguridad del país.
El programa para la regularización de autos chocolate se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2026, con el objetivo de reducir la desigualdad social y brindar certeza jurídica a los propietarios de vehículos usados.
La medida también busca garantizar que los autos cumplan con las normas ambientales y de seguridad, y que no tengan reporte de robo.
