Los ríos urbanos representan ecosistemas esenciales a la vez que son de los más vulnerables en las ciudades contemporáneas. Su diferencia fundamental con los ríos en estado natural radica en su vínculo directo con el hábitat humano: son vías de acceso a agua limpia y ofrecen beneficios ecológicos vitales que se traducen en bienestar social y desarrollo cultural. Más allá de su función ambiental, estos ríos forman parte integral de la identidad y la cultura comunitaria. Constituyen el primer vínculo —históricamente y hasta hoy— entre los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los habitantes de zonas urbanas, ya que es gracias a ellos es que se han desarrollado algunas civilizaciones más importantes para la humanidad y fungiendo también como espacios de recreación y cohesión social. Tal es el caso del Río Tecate, origen ancestral de asentamientos humanos en la región, que por la calidad del acuífero se desarrolló la industria cervecera que tomó su nombre y hoy se vende en diferentes partes del mundo.
No obstante, la realidad en México es preocupante, de acuerdo con los Resultados de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2023, se monitorearon 450 sitios superficiales (ríos, arroyos, corrientes, embalses, presas) para evaluar la calidad de las aguas superficiales en los que la clasificación por semáforo para esos 450 sitios fue: 27.3 % (≈ 123 sitios) en verde (cumplen los 8 indicadores); 21.8 % (≈ 98 sitios) en amarillo (incumplimientos moderado); y 50.9 % (≈ 229 sitios) en rojo (incumplimientos significativos). Sin embargo hay que resaltar que de los más de 2000 sitios que se monitoreaban en 2018, se redujeron a 450 en 2023.
Los contaminantes específicos encontrados en 2023, 244 de los 450 sitios presentaron contaminación por coliformes fecales; de ellos, 209 fueron categorizados como fuertemente contaminados por bacterias fecales; 213 puntos mostraron incumplimientos en Demanda Química de Oxígeno (DQO); en 129 sitios se observaron incumplimientos en Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO); y 7 de los sitios mostraron alta toxicidad (4 en Puebla, 3 en el Estado de México).
En cuanto al monitoreo histórico, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua operaba con más sitios (4,202 sitios) y los resultados del semáforo fueron aproximadamente: 41.1 % de los sitios en verde (cumplen con todos los indicadores),
29.7 % en rojo (incumplen DBO, DQO, toxicidad o enterococos), y 29.2 % en naranja (incumplen otros parámetros como coliformes, E. coli, SST u oxígeno).
De donde se desprende que la acción de monitoreo y la capacidad de vigilancia institucional están disminuyendo, lo que puede ocultar deterioros mayores afectando ecosistemas y convirtiéndolos en focos de riesgo sanitario y ambiental, degradando la calidad de vida y la salud pública; lo que constituye violaciones de Derechos Fundamentales, lo que se ha identificado dentro de los principales problemas de
México como son, la escases de agua, inseguridad y delincuencia o la desigualdad social entre muchos otros
La reforma constitucional de 2011, que incorporó los Derechos Humanos a la Carta Magna, representó un parteaguas en la protección ambiental, equiparable por su trascendencia a la Constitución Política de 1917, que estableció garantías sociales e individuales fundamentales. Sin embargo, en la práctica, estas reformas presentaron limitaciones evidentes. El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan las descargas de aguas residuales tratadas en ríos urbanos es cada vez más opaco y débil. A ello se suma que no todas las ciudades cuentan con sistemas adecuados de drenaje y tratamiento de aguas residuales, por lo que muchas industrias y comunidades ribereñas descargan sus aguas sin tratamiento alguno, contaminando directamente estos cuerpos de agua.
Peor aún, es común que vecinos depositen residuos sólidos, muebles y escombros en las zonas federales que bordean ríos y arroyos entre la vegetación riparia, deteriorando aún más estos ecosistemas. Estos espacios son además habitados por personas en situación de calle, lo que añade una dimensión social compleja que requiere sensibilidad y políticas integrales. La interacción entre contaminación ambiental y problemas sociales pone en evidencia la necesidad de elaborar políticas públicas transversales que trasciendan la mera restauración ecológica y el ordenamiento territorial y planeación urbana de nuestras ciudades.
El Río Tecate en Baja California, que forma parte de la Cuenca del Río Tijuana, presenta riesgos ambientales para los habitantes de los Centros de Población de Tecate y Tijuana, con implicaciones internacionales ya que éste descarga sus aguas formando el Estero del Río Tijuana, en el Océano Pacífico, ubicado en el Condado de San Diego, California en los Estados Unidos de América. Esta es una Cuenca Bi- nacional, lo que hace más complejo el problema pero brinda oportunidades que los ríos al interior del país no tienen como la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte (COCEF/BDAN) que son instituciones binacionales que atienden esta zona fronteriza.
En el análisis de esta problemática, una hipótesis relevante señala que el marco jurídico y normativo ambiental, incluso con la incorporación de los Derechos Humanos, no ha logrado prevenir, controlar ni remediar eficazmente la contaminación de los ríos urbanos. Este fracaso puede atribuirse a una combinación de factores: la falta de aplicación efectiva por parte de las autoridades emanadas del PRI y el PAN, la ausencia de sanciones claras y contundentes, la lentitud en los procesos administrativos y judiciales y la insuficiente cooperación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), muchas veces por diferencias en su origen partidista. De igual manera, la opacidad en la gestión y la ausencia de participación activa de la sociedad civil organizada debilitan la rendición de cuentas y la transparencia necesarias para superar este desafío.
Sin embargo, con la llegada del grupo denominado MORENA al poder, enfrentamos un retroceso preocupante. Desde el desprecio por el conocimiento científico en la formulación de “políticas públicas” en México. En los últimos años, estos gobiernos han adoptado posturas que desestiman la ciencia, guiadas por prejuicios ideológicos propios del siglo pasado que rechazan la escucha plural y el diálogo consensuado. Esta descalificación del conocimiento técnico ha coincidido con la destrucción de instituciones esenciales para la democracia participativa, la eliminación de órganos de control y rendición de cuentas, y culminando con la cooptación de los tres poderes. Estas dinámicas están devolviendo al país a un pasado autoritario caracterizado por el menosprecio a la ley y la reducción del incipiente Estado de Derecho construido en los últimos 30 años. Paralelamente, cada año se asignan menos recursos para la protección del medio ambiente, profundizando la crisis ambiental y social.
Este entorno adverso hace que el reto de recuperar los ríos urbanos no pueda depender exclusivamente de la voluntad política oficial. Los ciudadanos, la iniciativa privada, las instituciones académicas, organizaciones civiles y fundaciones comprometidas deben asumir un papel protagónico. Solo mediante la colaboración multisectorial será posible impulsar políticas públicas transparentes, eficaces y basadas en evidencia científica, así como fomentar la educación ambiental y la conciencia ciudadana en torno a la importancia de estos ecosistemas para la calidad de vida urbana.
Recuperar los ríos urbanos implica restaurar los servicios ecosistémicos que estos cuerpos de agua brindan como son la regulación del clima local, el mantenimiento de la biodiversidad, la provisión de espacios recreativos y la mejora del entorno urbano en general. Son espacios que pueden fomentar la cohesión social, contribuir a la salud pública y fortalecer la identidad cultural de las ciudades. Es decir, son fundamentales para la reconstrucción del tejido social que tanta falta hace.
Así, la defensa y recuperación de los ríos urbanos es la defensa de una visión de ciudad sustentable, democrática y humana. La oportunidad y el desafío están sobre la mesa: construir un futuro donde estos ecosistemas de agua dulce sean respetados, protegidos y disfrutados como patrimonio colectivo, garantizando un desarrollo sostenible y un bienestar genuino para las generaciones presentes y futuras. Ignorar esta realidad sería hipotecar la calidad de vida urbana y el derecho al disfrute del entorno natural con dignidad.
Es momento de suplir la falta visión política-histórica del grupo en el poder, de fortalecer la gobernanza ambiental, y de poner al centro de la discusión la ciencia y la ética y que la participación ciudadana se transforme en un movimiento social como pilares para diseñar y aplicar políticas públicas que aseguren la sobrevivencia y restauración de los ríos urbanos en México. La responsabilidad es compartida y la urgencia ineludible.
Fuentes
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