Alguien como tú.
Gladys Pérez Maldonado.
El derecho a la salud es un principio fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reafirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la realidad demuestra que este derecho continúa siendo una promesa incumplida, especialmente para millones de mujeres en el mundo que enfrentan el cáncer de mama sin acceso a diagnóstico temprano, tratamiento oportuno ni acompañamiento integral.
Cada 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama recuerda la urgencia de visibilizar un problema que trasciende fronteras, clases sociales y sistemas de salud. Según la OMS, el cáncer de mama es el tipo más común de cáncer en el mundo, con 2.3 millones de nuevos casos anuales y más de 670 mil muertes registradas cada año. A pesar de los avances médicos, la desigualdad sigue determinando quién vive y quién muere.
En los países de ingresos altos, la supervivencia a cinco años de un diagnóstico de cáncer de mama puede superar el 85 %, gracias a programas de tamizaje, infraestructura hospitalaria y tratamientos de última generación. En contraste, en naciones de ingresos medios y bajos, donde se concentran casi el 70 % de las muertes, las tasas de supervivencia apenas alcanzan el 40 %, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).
Esta disparidad evidencia que no se trata sólo de un problema médico, sino de justicia social. La falta de recursos, la carencia de personal especializado y las brechas de género en el acceso a la atención son violaciones directas al derecho humano a la salud. El cáncer de mama se ha convertido en un espejo de las fallas estructurales de los sistemas sanitarios, donde las mujeres pobres, rurales o indígenas son las más afectadas.
En África subsahariana, por ejemplo, más del 50 % de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando el tratamiento resulta menos eficaz y más costoso. En América Latina, la situación no es muy diferente, el diagnóstico tardío sigue siendo la regla y no la excepción. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cada cuatro mujeres diagnosticadas en la región muere por falta de atención oportuna.
El cáncer de mama es, en gran medida, prevenible y tratable si se detecta a tiempo. La OMS ha establecido como prioridad mundial el fortalecimiento de los programas de tamizaje con mamografía, la educación sobre autoexploración y la capacitación del personal médico en atención primaria. Sin embargo, la prevención no puede reducirse a campañas simbólicas de color rosa o a mensajes que responsabilizan individualmente a las mujeres.
Garantizar la detección temprana requiere políticas públicas sostenidas, inversión en infraestructura y cobertura universal de servicios de salud, especialmente en comunidades marginadas. El acceso equitativo a la información, la educación sexual y reproductiva, y la atención sin discriminación deben ser parte del enfoque integral de derechos humanos.
En países como Finlandia, Canadá o Australia, los programas de tamizaje gratuito y seguimiento médico han reducido la mortalidad hasta en un 40 %, demostrando que la prevención funciona cuando se respalda con voluntad política. En contraste, millones de mujeres en Asia, África y América Latina aún deben recorrer kilómetros o pagar tarifas inalcanzables para acceder a una mamografía.
El cáncer de mama no solo afecta el cuerpo; impacta profundamente la salud mental, la economía familiar y la dignidad de las pacientes. La OMS subraya que el derecho a la salud incluye no solo el acceso a tratamientos, sino también a cuidados paliativos, apoyo psicológico y reintegración social. No obstante, estos servicios siguen siendo un lujo en muchos países.
A nivel mundial, el costo del tratamiento de cáncer de mama puede superar los 20 mil dólares anuales por paciente, mientras que el gasto público en salud en varios países no alcanza el 6 % del PIB. Esta desproporción muestra que la enfermedad se ha convertido en un marcador de desigualdad económica y de género, pues las mujeres con menos recursos tienden a abandonar los tratamientos por falta de dinero, transporte o apoyo familiar.
El cáncer de mama plantea un desafío ético y político, esto es, convertir el derecho a la salud en una realidad tangible. La OMS lanzó en 2023 la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama, que busca reducir en un 2.5 % anual la mortalidad para 2040 mediante diagnósticos tempranos y tratamiento integral. Si los países adoptan esta estrategia, se podrían salvar más de 2.5 millones de vidas en las próximas dos décadas.
Pero más allá de las metas globales, es urgente reconocer que la salud no puede depender del lugar de nacimiento ni del nivel de ingresos. Las políticas sanitarias deben centrarse en la equidad, la educación y el acompañamiento comunitario. Las mujeres tienen derecho a vivir, no solo a sobrevivir.
El derecho humano a la salud exige una visión integral que trascienda la medicina y abrace la justicia social. La lucha contra el cáncer de mama no se gana con campañas simbólicas, sino con sistemas de salud que garanticen diagnóstico, tratamiento y apoyo sin exclusiones.
En palabras de la OMS, “la salud no es un privilegio, es un derecho”. Mientras ese principio no se cumpla en todos los rincones del mundo, el cáncer de mama seguirá siendo no solo una enfermedad, sino también un recordatorio de la deuda pendiente de la humanidad con sus mujeres…
