Por Art1llero
El Senado aprobó en fast track –menos de 24 horas– la reforma a la Ley de Amparo. Morena y sus aliados impusieron su mayoría frente al rechazo de la oposición –76 votos a favor y 39 en contra–, y el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más polémicos: se aplicaría de forma retroactiva a juicios en curso.
Los defensores de la reforma la presentan como una actualización necesaria, digitalización de procesos, plazos más cortos y límites a suspensiones que –aseguran– han sido usadas para frenar obras públicas o mantener litigios interminables.
Lo que no dicen abiertamente, pero subyace, es que esta iniciativa también es una respuesta a los años recientes; el gobierno de López Obrador enfrentó una cascada de amparos contra megaproyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el AIFA. Para algunos senadores oficialistas, el amparo se convirtió en un “arma política” más que en un recurso de protección.
A ello se suma otro frente, los grandes empresarios y corporaciones que han utilizado el amparo como estrategia dilatoria. El caso de Ricardo Salinas Pliego –quien ha interpuesto decenas de recursos para frenar el cobro de adeudos fiscales millonarios– se ha puesto como ejemplo de un sistema que permite a quienes tienen recursos posponer indefinidamente sus obligaciones.
Los riesgos señalados por críticos no disminuyen; organizaciones civiles y especialistas advierten que acotar el “interés legítimo” puede golpear litigios ambientales, colectivos y de derechos humanos. Limitar suspensiones, dicen, puede dejar sin protección inmediata a quienes enfrentan abusos de autoridad. Y la retroactividad, subrayan, abre un boquete constitucional que podría vulnerar principios básicos de seguridad jurídica.
La pregunta de fondo es si esta reforma busca corregir excesos o cobrar factura. ¿Es un intento de hacer más eficiente la justicia o una respuesta política a actores incómodos, desde opositores al Tren Maya hasta empresarios con cuentas pendientes?
El equilibrio entre agilizar el sistema y proteger derechos está en juego. Lo que el Congreso haga ahora definirá si el amparo se fortalece o se empequeñece frente al poder.
