Por Art1llero
El gobierno federal ha anunciado que Electrolit será sujeto a un impuesto especial, la razón: aunque el producto está registrado como un medicamento, se vende, publicita y consume como una bebida de uso popular.
La empresa que lo fabrica, Grupo Pisa –a través de su marca Electrolit–, ha operado durante años en una zona gris donde el discurso sanitario sirve como escudo fiscal y el posicionamiento comercial funciona como negocio masivo. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una elusión legal o ante una evasión disfrazada?
Electrolit cuenta con registro como producto médico, lo que lo coloca en un régimen fiscal preferente. Bajo esa clasificación, no paga el IEPS que grava a las bebidas saborizadas y a productos con azúcares añadidos. Sin embargo, basta mirar cualquier tienda de conveniencia, anuncio publicitario o evento deportivo para entender que su verdadero mercado no es el hospital ni la farmacia clínica, sino el consumidor común. Se coloca al lado de las isotónicas, compite con bebidas hidratantes y energéticas como Gatorade, Powerade o SueroX, se promueve como auxiliar para la resaca y se mercadea como hidratación cotidiana. Eso no es medicina; es mercadotecnia.
Para dimensionar el negocio: el mercado de bebidas hidratantes, isotónicas y sueros comerciales en México tiene un valor estimado de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos anuales, con un crecimiento sostenido. Electrolit posee cerca de un tercio del mercado nacional y, según proyecciones de analistas privados, genera ventas anuales por más de 500 millones de dólares –incluyendo su rápida expansión en Estados Unidos, donde ya supera los 6 millones de botellas vendidas al día–. No hablamos de un nicho clínico, sino de una industria pujante con estrategias globales.
Aquí conviene distinguir dos conceptos.
- La evasión fiscal implica violar la ley: ocultar, falsificar o defraudar.
- La elusión ocurre cuando se aprovechan vacíos normativos o ambigüedades para reducir cargas fiscales sin romper abiertamente alguna disposición.
El caso de Electrolit parece encajar en esta segunda categoría: se amparó en una clasificación sanitaria pensada para otro tipo de productos y con ello evitó el impuesto que sí pagan sus competidores directos. No engañó al Estado –el registro existe–, pero sí estiró el marco legal hasta el límite del absurdo.
Y no es la única controversia. Grupo Pisa ha enfrentado sanciones previas, en 2020, la COFEPRIS le suspendió permisos y le clausuró una planta por presuntas irregularidades en medicamentos oncológicos. En otros momentos ha sido multada por incumplimientos en etiquetado, prácticas de distribución y documentación sanitaria. El caso de Electrolit no le llega a una empresa intachable, sino a un corporativo con historial de choques regulatorios.
La decisión de gravar ahora el producto con IEPS corrige parcialmente la incongruencia, pero deja al descubierto otro problema, en México, las empresas no siempre pagan según lo que producen, venden o anuncian, sino conforme a cómo logran clasificarse. Mientras una categoría les otorgue ventajas legales, la utilizarán, aunque la realidad del mercado cuente otra historia.
¿Quién permitió esta distorsión? Porque no se trata sólo de una empresa astuta, sino de un sistema regulatorio permisivo o distraído. La COFEPRIS otorgó el registro médico. Hacienda respetó ese estatus. Ninguna dependencia cruzó información, actualizó criterios o revisó su promoción comercial. Así, Electrolit pudo venderse como bebida y tributar como suero.
¿Fue evasión? Técnicamente no.
¿Fue elusión? Sin duda.
¿Fue justo? En absoluto.
El reto no es sólo cobrarle a Grupo Pisa lo que corresponde, sino impedir que el próximo “suero hidratante recreativo” repita la maniobra. Mientras la autoridad no cierre la brecha entre lo que se declara y lo que se vende, la frontera entre legalidad y simulación seguirá siendo un modelo de negocios rentable.
