La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) “está convencida” de que la “persecución política” que sufre el dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno, es una “venganza política” del gobierno de México, señaló el vicepresidente regional de dicha organización, Fausto Liz Quiñones.
En un comunicado, el mencionado responsable de la Copppal –organismo cuyo presidente es el propio Moreno—aseguró que las acusaciones en contra de Alito se deben a “su oposición al régimen autoritario de partido único que amenaza las libertades en esa nación, así como su vida y la de su familia”.
Por lo anterior, dijo, Moreno Cárdenas “tiene todo el derecho a proseguir y profundizar sus denuncias ante instancias multilaterales que dan seguimiento a estas ilegales prácticas que lleva a cabo el Estado Mexicano, a través de las fiscalías y de la Sección Instructora (de la Cámara de Diputados”, cuyo presidente actúa de manera parcial, sesgada y con ánimo de venganza”.
Como se ha informado en este diario, la Sección Instructora se encuentra analizando si admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de retirarle el fuero al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aparece en cinco carpetas de investigación por su supuesta participación en los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, por 83 millones de pesos.
Liz Quiñones, embajador de República Dominicana ante Chile, aseguró que la actuación indebida del presidente de la Instructora, el diputado Hugo Éric Flores (Morena), ha quedado acreditada “con sus declaraciones irresponsable e intimidatorias, que ponen al descubierto la conspiración política, para destruir al líder de la oposición mexicana”, a quien le manifestó la solidaridad de los 35 partidos políticos de la región Caribe que forman parte de la Copppal.
Según el diplomático, “todos los análisis jurídicos que se han entregado a instancias internacionales demuestran, de manera contundente, que en el caso del senador Moreno, estamos ante una práctica de lawfare, el uso abusivo del sistema jurídico del Estado mexicano para fines de persecución política, en busca de eliminar a un adversario”.
Fuente: La Jornada
