Jesús Utrilla / NV Noticias
La reciente reforma en materia de prevención de lavado de dinero ampliará las obligaciones para notarios, corredores públicos, agencias aduanales y desarrolladores inmobiliarios, advirtió Ramón Ortega Díaz, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del concepto de beneficiario controlador, es decir, la persona que realmente obtiene los beneficios económicos de una operación, aunque no siempre figure formalmente en documentos legales.
“Puede ser que el acta diga Juan Pérez, pero el que se beneficia realmente es otra persona. Y esa información deberá recabarse y reportarse con mayor detalle”.
A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, los notarios tendrán la responsabilidad de recabar más información en actos como la constitución de empresas, y enviar más avisos a las autoridades correspondientes. Aunque parte de estas obligaciones ya existían por disposiciones del Código Fiscal, ahora se fortalecen y se extienden expresamente en materia de prevención de lavado de dinero.
Además, se subsana una omisión histórica, la inclusión de las agencias aduanales como sujetos obligados.
“Era una laguna en la ley porque estaban reguladas por patentes, pero no contempladas directamente en el marco del lavado de dinero. Hoy, eso cambia”.
Advirtió también que esta ampliación normativa tendrá un fuerte impacto en el sector inmobiliario. Aunque los desarrolladores ya tenían ciertas obligaciones, ahora se amplía el alcance.
Sobre las sanciones, Ortega Díaz recordó que ya existen multas considerables para quienes incumplen, y algunas empresas en Veracruz fueron revisadas durante el año pasado por no presentar los avisos correspondientes como actividades vulnerables. Entre los sectores observados están arrendadores, desarrolladores inmobiliarios y distribuidores de autos.
