Alguien como tú.
Gladys Pérez Maldonado.
A propósito de los datos recientes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que reportan 30 nacimientos en 2024 de madres -aun siendo niñas- de entre 10 y 12 años de edad en municipios de todo el país, destacando los casos de Texcoco, Estado de México, Ocosingo, Chiapas, Veracruz y Xalapa, donde la madre tenía apenas 10 años, crece una profunda preocupación por la infancia femenina en México.
En alguna edición semanal del mes de mayo pasado de Alguien como tú, tocamos el tema del embarazo en la adolescencia, del embarazo precoz, no es algo nuevo, sin embargo, la evidencia de una realidad inaceptable de abuso, violencia sexual y desprotección que enfrentan miles de niñas en México con diferencia de edad con el progenitor de hasta más de 50 años, resulta inadmisible.
El embarazo infantil representa una de las formas más graves de violencia contra niñas y adolescentes. En México, este fenómeno no solo revela condiciones estructurales de desigualdad, pobreza y falta de acceso a la educación, sino también fallas profundas en el sistema jurídico e institucional para garantizar los derechos de la infancia. La mayoría de los embarazos en niñas menores de 15 años derivan de violencia sexual, lo que convierte estos casos no en hechos aislados, sino en delitos que suelen quedar impunes.
Desde una perspectiva jurídica, el embarazo infantil no es simplemente un problema de salud pública, es una crisis de derechos humanos que evidencia la violencia estructural, la impunidad y el abandono institucional hacia las niñas. Cada año, miles de menores de 14 años son obligadas a convertirse en madres, la mayoría como resultado de violación sexual. Este fenómeno no ocurre por accidente ni por falta de información, es el reflejo de una sociedad que aún toleran el abuso, la desigualdad y el silencio.
El Estado mexicano ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a actuar, pero en la práctica, las respuestas son tardías, parciales o inexistentes.
El embarazo infantil implica múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellos:
Derecho a la salud: Las niñas embarazadas enfrentan mayores riesgos de complicaciones graves o incluso muerte materna, debido a que su cuerpo no está desarrollado para la gestación.
Derecho a la educación: Muchas niñas abandonan la escuela debido al embarazo o al estigma social.
Derecho a la integridad personal: Son víctimas de violencia sexual, psicológica y social.
Derecho al acceso a la justicia: En muchos casos, los agresores no son procesados, y las víctimas no reciben atención legal ni psicológica adecuada.
En particular, la negación o el retraso en el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación representa una doble victimización. Aunque desde la resolución del caso “Marimar” (SCJN, Amparo en Revisión 601/2017) se ha reiterado que las niñas tienen derecho a abortar si fueron violadas, los servicios estatales de salud muchas veces bloquean este derecho por prejuicios ideológicos o desconocimiento legal.
Un estudio de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) reveló que, en muchos estados del país, no existen protocolos claros para investigar embarazos en niñas. Por ejemplo, Equifonía A.C. ha documentado que en Veracruz solo el 3% de los embarazos infantiles resultan en procesos judiciales.
Además, se carece de personal capacitado para aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que obliga a garantizar el acceso al aborto legal en casos de violencia sexual, sin necesidad de denuncia judicial previa.
Para abordar esta problemática, es necesario un enfoque integral basado en derechos humanos, en nuestra opinión, algunas acciones clave incluyen: Fortalecer la educación sexual integral en escuelas, con perspectiva de género y derechos, especialmente en zonas con mayor marginación; Capacitar al personal de salud, justicia y educación en la aplicación de protocolos legales; Garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las niñas deben ser informadas de forma puntual sobre sus derechos reproductivos, sin obstáculos burocráticos ni discriminación; Investigar y sancionar todos los casos de violencia sexual que deriven en embarazo infantil; Aplicación efectiva de protocolos, urgentemente reforzar la coordinación entre salud, fiscalía y procuradurías para denunciar y atender adecuadamente cada caso; Cultura de apoyo a las niñas víctimas, esto es, erradicar el estigma, asegurar acompañamiento psicológico y romper el silencio que perpetúa la violencia.
Asimismo, se debe fomentar una cultura de denuncia y no revictimización, con políticas públicas que pongan en el centro a la niña como sujeta de derechos y no como objeto de control moral o social.
En abril de 2025, el Gobierno de Veracruz instaló el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), con el objetivo de erradicar los embarazos en niñas de 10–14 años para 2030, y reducir la tasa de fecundidad en adolescentes de 15–19 años en un 50 %. Este grupo interinstitucional, con participación de dependencias, academia y sociedad civil, implementará mecanismos alineados con la Estrategia Nacional para prevenir tanto violencia sexual como embarazos en jóvenes, estaremos observantes…
El embarazo infantil en México es una expresión brutal de la desigualdad de género, de la violencia sexual y del fracaso del sistema jurídico para proteger a la infancia. Las niñas embarazadas no son casos aislados, sino evidencia de un patrón de violaciones sistemáticas a sus derechos, ante la pasividad o complicidad de instituciones que deberían protegerlas.
Desde el marco jurídico nacional e internacional, el Estado mexicano tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar estas violaciones. Para ello, no basta con políticas públicas aisladas: es necesaria una transformación profunda de la cultura institucional y social que aún permite que niñas de 10 años en adelante sean obligadas a parir. La infancia debe ser protegida, no sacrificada…
