El juez federal Brian M. Cogan, que preside en Nueva York el caso por narcotráfico contra Ismael ‘el Mayo’ Zambada, fijó para el 25 de agosto la próxima audiencia del mexicano, tras la petición hecha este miércoles por la Fiscalía y la defensa del cofundador de un grupo delictivo en Sinaloa.
El juez Cogan respondió así tras recibir este mismo miércoles una carta en la que le pidieron se aplazara por al menos 60 días “o en la fecha más conveniente” la audiencia en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, en el condado de Brooklyn, donde el mismo juez presidió el juicio contra Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, exsocio de Zambada.
Es la segunda vez este año que se cambia la fecha de la audiencia. La anterior estaba prevista para el 22 de abril, y fue trasladada al 16 de junio por pedido de su defensa, y ahora ha vuelto a fijarse la nueva fecha, para el mediodía del 25 de agosto.
En la misiva de hoy, las partes recuerdan que han intercambiado nuevas pruebas y también han discutido la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del juicio, en el que Zambada, de 77 años, sería juzgado por 17 cargos relacionados con el narcotráfico.
La Fiscalía indicó además al juez Cogan, que condenó a cadena perpetua a ‘el Chapo’ Guzmán, que este proceso legal ha ocurrido mientras aún está pendiente la evaluación del Gobierno de una posible petición de pena capital para el acusado.
El mexicano podría enfrentar la pena de muerte por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico y, según ha trascendido, su defensa ha señalado que su cliente no desea un juicio que podría concluir con una condena de pena capital, por lo que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades.
El pasado febrero Zambada, -detenido en julio de 2024 al llegar a EEUU junto a Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’, lo que asegura ocurrió bajo engaño- escribió al Gobierno mexicano pidiendo su repatriación en un intento por evitar la pena de muerte.
La Fiscalía indicó también a Cogan en la carta que todo esto ocurre además mientras el Gobierno evalúa la probabilidad y el alcance de los procedimientos de conformidad con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA en inglés).
La CIPA, aprobada por el Congreso en 1980, es una ley que establece procedimientos para la admisión y manejo de información clasificada en procedimientos penales federales.
