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Insuficientes, los 3,500 elementos para seguridad electoral en Veracruz

Sam Ojeda / NV Noticias

Xalapa.-La diputada federal y secretaria general del PRI en Veracruz, Lorena Piñón Rivera, consideró insuficiente el despliegue de 3 mil 500 elementos federales anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para reforzar la vigilancia durante el proceso electoral en la entidad.

“Veracruz tiene casi cinco mil secciones electorales y más de seis millones de electores. Con ese número de elementos no se alcanza a cubrir ni la seguridad básica de candidatos ni la de los ciudadanos”, afirmó.

Piñón Rivera lamentó que la respuesta del Gobierno federal llegue tarde, a pesar de que desde marzo se solicitó apoyo para proteger a aspirantes a cargos públicos.

A su juicio, la violencia política ha escalado sin una reacción contundente de las autoridades.

Recordó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha documentado 289 renuncias de candidaturas por amenazas, cifra que —según dijo— ha crecido, pues hay aspirantes que ni siquiera se registraron por temor a represalias.

Uno de los casos más extremos, señaló, ocurrió en Amatlán, donde el PRI tuvo que sustituir a su abanderado en siete ocasiones por razones de seguridad. También citó el asesinato de la candidata de Morena en Texistepec, Yesenia Lara, como un punto de inflexión que “dejó en evidencia la gravedad de la situación”.

La legisladora también denunció la precaria protección que se brindó a Javier Pérez Roldán, candidato del PRI en Álamo, quien sobrevivió a un atentado. Aunque se le asignaron escoltas, acusó que no se les proporcionaron recursos suficientes para su movilidad o alimentación.

“Es inconcebible que un candidato tenga que escoger entre garantizar su vida o financiar su campaña. Mientras el Estado invierte en obras faraónicas, descuida su obligación fundamental: proteger a quienes representan la voluntad ciudadana”, expresó.

Finalmente, Piñón Rivera cuestionó que el Estado mexicano “no esté asumiendo su responsabilidad constitucional” para garantizar elecciones libres, seguras y en condiciones de equidad.

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