El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), contra la suspensión provisional que un juez le concedió al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, la cual frena de momento la orden de captura en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. 

En sesión extraordinaria vía remota, los magistrados del colegiado ratificaron el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal otorgada al ex mandatario, acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en esa entidad.

“Es improcedente el recurso de queja interpuesta por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el director de amparo en suplencia, por ausencia del titular de la Policía Federal Ministerial, así como por el Agente Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR”. 

En su proyecto, Winyber Jiménez Navarrete, secretario en funciones de Magistrado, señaló que respecto a la procedencia y justificación de la medida cautelar se consideran inoperantes, puesto que el juzgador federal apoyo su decisión en una jurisprudencia del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

Dicho criterio determina que cuando el quejoso promueva juicio de amparo indirecto y solicite la suspensión respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, al ser concedida esta, el Juez de Distrito debe precisar que el alcance de los efectos de dicha medida es para que no sea detenida en el caso de que durante su vigencia se le imponga como medida cautelar, en el proceso penal del que derive el acto reclamado, la prisión preventiva justificada. 

“El proyecto sometido a su consideración se señala que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de origen, carece de legitimación para interponer el recurso”, indicó Jiménez Navarrete.

Asimismo, el colegiado apuntó que el ex gobernador de Michoacán tiene que comparecer ante el juez que lo requiere, en un plazo de tres días hábiles; lo que será exigible una vez que Aureoles Conejo conozca a la autoridad que emitió el acto reclamado.

En este caso, cuando José Alberto Rodríguez Rivera, en funciones de juez en el juzgado decimoprimero de distrito en materia penal, informó que el ex gobernador ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso como garantía, advirtió que si no se presenta a la audiencia inicial en ese plazo, la suspensión será revocada. 

Fuente: La Jornada