Jesús Utrilla / NV Noticias
La propuesta legislativa que permitiría a personal del SAT y de otros organismos federales portar armas podría ser una respuesta necesaria ante un contexto de creciente inseguridad, señaló Ramón Ortega Díaz, integrante de la Asociación Nacional de Fiscalistas.
Consideró que aunque la idea puede sonar alarmante, existen casos específicos donde la protección armada del personal sería justificable. Y es que hay regiones del país en las que acudir a realizar una diligencia representa un riesgo real como amenazas, agresiones físicas, e incluso desapariciones.
No se trata de armar indiscriminadamente a los funcionarios, sino de brindar herramientas de defensa en situaciones realmente críticas.
“Hay quienes piensan que llegarán a cobrar impuestos con pistola en mano, y eso no es así. La ley contempla condiciones muy específicas”, puntualizó.
La iniciativa ahora está en manos del Senado— ha puesto en alerta a distintos sectores. El temor a posibles excesos o abusos por parte de los funcionarios es uno de los principales focos de preocupación.
Desde hace tiempo, la Asociación Nacional de Fiscalistas ha discutido esta posibilidad, sobre todo a partir de los casos más extremos que han llegado a sus registros.
Además del debate ético y social, la iniciativa plantea cuestiones técnicas: el tipo de armas que podrían usarse, los requisitos de entrenamiento, y las condiciones de mantenimiento.
