Jesús Utrilla / NV Noticias
El choque ocurrido hace unos meses en la autopista Veracruz-Cardel no solo dejó víctimas y heridos graves también destapó lo que podría ser una cadena de irregularidades y actos de corrupción al interior del sistema de transporte público estatal, denunció el abogado Tomás Mundo, representante legal de una de las afectadas.
Dijo que el autobús urbano implicado en el accidente circulaba sin cumplir con los requisitos legales. Su operación fue posible, asegura, gracias a pagos ilegales de 1,100 pesos mensuales a funcionarios de transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.
“Este vehículo no debía estar en las calles. No tenía registro, no tenía permisos, y aún así lo dejaron circular porque había dinero de por medio”, sostuvo el abogado.
Las investigaciones, dice, han avanzado gracias a la colaboración entre su equipo jurídico y la Fiscalía de Playa Linda, que ya turnó una parte del caso a la Fiscalía Anticorrupción del estado. El propio dueño del autobús compareció ante las autoridades y confesó haber entregado los pagos a cambio de impunidad. Además, admitió que el vehículo estaba asegurado únicamente con una mutualista, incapaz de responder financieramente a los daños.
La familia de Jennifer, afectada no solo por el accidente sino por la falta de apoyo institucional, ha tenido que cubrir todos los gastos médicos. Incluso han modificado su vivienda para poder atenderla cuando salga del hospital.
El abogado también criticó la falta de diligencia en la detención del conductor del autobús, a quien señalan como responsable directo del hecho.
La denuncia formal que presentará la familia se dirigirá contra el director general de Transporte Público y el delegado regional, a quienes acusan por permitir que unidades irregulares circulen bajo su vigilancia. Mundo subrayó que no solo se trata de responsabilidades directas, sino también por omisión, conforme a los principios del nuevo sistema penal.
