El Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés) inició hoy su 40 sesión de trabajo, durante la cual evalúa la situación del tema en México.
El gobierno federal presentó un informe de actividades en el que resaltan las reformas legales y acciones derivadas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
De entrada, la titular de la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales ubicados en Ginebra y cabeza de la delegación, Francisca Méndez Escobar, reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la Convención Internacional en materia de migración, mecanismo jurídicamente vinculante y con la protección de derechos de las personas en movilidad.
También subrayó que el país reafirma su apertura al escrutinio internacional y al diálogo constructivo, pues aunque existen avances, persisten desafíos, admitió.
En el informe se destaca el incremento de la migración en la última década, y que 77 por ciento de los flujos migratorios se realiza de manera irregular. Sólo entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró a más de un millón 366 mil personas provenientes de más de cien países de la región y otros continentes.
Señaló que es un asunto complejo porque involucra a familias que necesitan protección internacional.
Las mujeres representan 48 por ciento del total y se han sumado a este fenómeno, niños y adolescentes solos o acompañados, adultos mayores, personas de la comunidad LGBT+, individuos con enfermedad o alguna discapacidad o enfermedad e indígenas, entre otros.
Tienen como común denominador que salen de sus lugares de origen a causa de la pobreza, falta de oportunidades, fenómenos naturales, en busca de la reunificación familiar, así como por la violencia e inseguridad.
El reporte también se refiere a las medidas adoptadas por el gobierno mexicano ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, en específico para apoyar a los connacionales que viven en aquel país y son detenidos con fines de deportación.
En su turno, los relatores del comité hicieron varias preguntas, entre otras, algunas relacionadas con la participación de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional en programas de protección de migrantes, aunque se han visto involucrados en agresiones y muertes de migrantes.
Fuente: La Jornada
