Jesús Utrilla / NV Noticias
Durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria Conatrib 2025, celebrada en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle anunció una serie de iniciativas para fortalecer el acceso a la justicia en el estado, con especial énfasis en la protección de las mujeres y la inclusión de grupos históricamente rezagados.
Uno de los compromisos más relevantes es la construcción de al menos cuatro centros de justicia especializados para atender a mujeres en situación de violencia. Estas instalaciones contarán con personal capacitado y protocolos de actuación diseñados para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las víctimas.
Además, la mandataria destacó el trabajo conjunto entre el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Poder Judicial, a través de los programas Veracruzana Protegida y Amiga, Yo Te Ayudo, enfocados en la protección y el respaldo a mujeres en riesgo.
Como parte de Amiga, Yo Te Ayudo, se han instalado botones de alerta en tiendas de conveniencia, una medida innovadora que permitirá a las mujeres solicitar ayuda inmediata en caso de peligro, facilitando la intervención de las autoridades en situaciones de emergencia.
Otro eje central en la estrategia del gobierno veracruzano es la inclusión de grupos vulnerables en el acceso a la justicia. Durante su participación en la asamblea, Nahle subrayó que las personas pertenecientes a comunidades indígenas ahora pueden ser escuchadas con traductores en los procesos judiciales, garantizando que comprendan y ejerzan plenamente sus derechos.
Asimismo, se ha impulsado la implementación de audiencias en lenguaje de señas y sistema braille, permitiendo que personas con discapacidad auditiva o visual participen sin barreras en los procedimientos legales.
En su intervención, la gobernadora también destacó los esfuerzos para modernizar los juzgados en Veracruz, no solo a nivel de infraestructura física, sino mediante la implementación de audiencias digitales, una medida que agilizará los procesos judiciales y reducirá costos.
Esta transformación, señaló, forma parte de una estrategia de políticas públicas basadas en el humanismo mexicano, un enfoque que busca poner a las personas en el centro de las decisiones gubernamentales, asegurando que los servicios judiciales sean accesibles, eficientes y sensibles a las necesidades de la población.
