Sam Ojeda / NV Noticias
La violencia política de género sigue siendo una problemática persistente en el sureste de México, con Oaxaca y Veracruz a la cabeza en número de casos dentro de la tercera circunscripción electoral.
La magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, destacó la urgencia de fortalecer la sensibilización y difusión sobre los derechos políticos de las mujeres.
Uno de los focos más preocupantes de esta violencia se encuentra en los ayuntamientos, donde las regidoras son víctimas frecuentes de discriminación y exclusión. De acuerdo con la magistrada, es común que las presidentas o presidentes municipales impidan su participación en sesiones de cabildo, no les otorguen el pago correspondiente a sus funciones o les nieguen condiciones laborales equitativas en comparación con sus colegas hombres.
Con el avance del proceso electoral, este tipo de agresiones también se ha trasladado a la propaganda política, con discursos y mensajes que descalifican a las mujeres y refuerzan estereotipos de género.
Las consecuencias legales para quienes ejercen violencia política de género varían en función de la gravedad del caso. Pueden ir desde amonestaciones y multas hasta la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Este registro puede afectar la trayectoria política de los involucrados, ya que la permanencia en la lista puede prolongarse por meses o incluso años.
Si bien la mayoría de los agresores identificados son hombres, Barrientos Zepeda también señaló que existe un porcentaje menor de mujeres que ejercen violencia política contra otras mujeres. En algunos casos, presidentas municipales han sido denunciadas por violentar a regidoras o síndicas dentro de sus administraciones.
Además de la violencia política de género, otro de los retos del proceso electoral en Veracruz es su carácter histórico. Por primera vez, la ciudadanía podrá elegir no solo a sus representantes en los ayuntamientos, sino también a jueces locales y federales.
