Un baño de silbidos recibieron el jueves las autoridades del gobierno del presidente Luis Arce en su primer intento de acercar a la población su plan para producir carbonato de litio con un consorcio chino y una empresa rusa. El encuentro organizado en Potosí, donde se hará la extracción minera, se suspendió tras más de dos horas de gritos y abucheos.
En noviembre del año pasado, la empresa estatal de Bolivia YLB firmó un contrato con un consorcio chino —Hong Kong CBC— para construir dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería con una inversión de mil 30 millones de dólares. En septiembre, se firmó otro acuerdo con una empresa rusa —Uranium One Group (UOG), subsidiaria de la gigante Rosatom— para la instalación de una planta industrial adicional.
La polémica se acentuó la semana pasada cuando una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china para que posteriormente pase a ser tratado por el pleno de la Cámara Baja, donde el partido de gobierno tiene el control.
Como reacción, el lunes se realizó una masiva marcha en contra de estos planes, con los que el gobierno pretende acelerar la industrialización del litio y que es la mayor apuesta del país para salir del difícil momento económico tras la caída de las exportaciones de hidrocarburos.
Y el jueves un grupo de activistas realizaron otra marcha en La Paz.
“Que se anulen los contratos, que se anulen ”, gritaban varios de los asistentes al evento en el que las autoridades buscaban dar a conocer los puntos de los cuestionados contratos en un teatro de la ciudad de Potosí, al sur de Bolivia, donde mayor rechazo han recibido.
En Potosí está una de las reservas más grandes litio.
En el evento de presentación estaban Omar Alarcón, el presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimiento de Litio Bolivia (YLB), así como Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos y Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas.
Las manifestaciones de rechazo, con silbidos y gritos constantes, impidieron a los funcionarios explicar en su totalidad el alcance del contrato y el acto terminó siendo suspendido, dijo el presidente del Comité Cívico de Potosí, Alberto Pérez. Su gremio no acudió al acto porque critican que las autoridades no escuchan las observaciones.
Entre las críticas que ha recibido el gobierno es que las plantas no tienen un permiso ambiental y que no cuidan el agua en un lugar árido. El presidente de YLB, argumentó que mientras los contratos no estén aprobados no se puede hacer un “diseño de factibilidad y ”no podemos hacer ninguna licencia ambiental”.
Las autoridades también aseguraron que el Estado tendrá el control de 100 por ciento de la comercialización del litio.
Ante los cuestionamientos sobre las bajas regalías que recibirá Bolivia por la explotación minera, Alarcón preguntó de dónde habían sacado esa conclusión ya que no se había definido ninguna cifra.
El presidente del Comité Cívico de Potosí recordó que la ley minera prevé unas regalías de 3 por ciento, lo que es criticado por insuficiente por los sectores que se oponen a los contratos.
Fuente: La Jornada
